El gobierno de Estados Unidos liberó un masivo paquete de información compuesto por más de 8.000 documentos, fotos y videos vinculados a la investigación del difunto criminal pedófilo Jeffrey Epstein. Entre la marea de archivos, disponibles en la web del Departamento de Justicia, destaca una revelación que compromete la narrativa del presidente Donald Trump: evidencia de que viajó en el jet privado de Epstein con mucha mayor frecuencia de la que se conocía públicamente.
El dato surge de un correo electrónico enviado el 7 de enero de 2020 por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, incluido en esta nueva tanda de archivos. En el texto, el funcionario advierte explícitamente que los registros de vuelo recuperados reflejan que "Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado" previamente o de las que las autoridades tenían conocimiento hasta ese momento, contradiciendo los intentos del mandatario por minimizar su vínculo histórico con el empresario.

Según la investigación, Trump abordó la aeronave al menos ocho veces entre los años 1993 y 1996. Lo que agrava el cuadro es la compañía: en al menos cuatro de esos vuelos, el magnate republicano coincidió con Ghislaine Maxwell, la ex pareja de Epstein condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Los registros detallan situaciones específicas, como un vuelo de 1993 donde los únicos pasajeros eran Epstein y Trump, y otro viaje compartido con una mujer de poco más de 20 años.
Aunque Trump rompió relaciones con Epstein años antes de su detención y durante la campaña de 2024 prometió transparencia sobre el caso, posteriormente calificó la presión por los archivos como una "farsa" demócrata. Sin embargo, terminó cediendo ante la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), promulgada en noviembre.

Otro punto de alto impacto es la aparición de una carta de 22 páginas enviada a las autoridades del Reino Unido, solicitando una entrevista voluntaria con el "testigo PA". Esta sigla hace referencia directa al príncipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III, ya le retiró títulos y distinciones debido a su innegable cercanía con Epstein y a las sospechas sobre su participación en las actividades ilícitas de la red.
La difusión del material también incluye registros visuales sensibles, como imágenes de las cámaras de vigilancia de agosto de 2019 correspondientes al momento en que Epstein fue hallado muerto en su celda. No obstante, la entrega de la información fue caótica: el Departamento de Justicia publicó cerca de 11.000 enlaces, pero muchos de ellos no conducían a ningún archivo o presentaban “errores técnicos”.
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Tensión política: demócratas y víctimas hablan de una "operación de encubrimiento"
La publicación parcial y demorada de los archivos desató la furia de la oposición demócrata. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, no dudó en calificar la maniobra como "una operación de encubrimiento" y presentó una resolución para emprender acciones legales contra la administración. Los legisladores Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), impulsores de la Ley de Transparencia, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la totalidad de la entrega antes del plazo vencido el viernes pasado.
Las víctimas de la red de trata también alzaron la voz, denunciando que lo publicado es solo una "fracción" de la información real y criticando el nivel de censura en los documentos. Señalaron que el tachado de nombres y datos es "anómalo y extremo", lo que impide conocer el alcance total de la red de complicidades. Para los denunciantes, el Departamento de Justicia sigue priorizando la reputación de figuras influyentes por sobre el derecho a la verdad y la justicia que reclaman desde hace años.
Desde el gobierno, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, intentó justificar las demoras y las omisiones alegando la necesidad de proteger las identidades de más de 1.000 víctimas mencionadas en los expedientes. El domingo, Blanche negó categóricamente que estuviera protegiendo a Donald Trump, argumentando que el proceso de revisión es complejo y requiere cautela para no revictimizar a los afectados
TC