Si en algo sobresale Brasil, especialmente en las noticias de los medios internacionales, es por la cantidad de tragedias que provocan las acciones de las fuerzas de seguridad. Las dos últimas semanas fueron pródigas en hechos sangrientos: primero la muerte de 25 personas en la favela Vila Cruceiro, entre ellos 11 vecinos de inocencia comprobada, bajo las ráfagas de balas de policías militares y federales.
No había culminado el escándalo de esa masacre, cuando un nuevo hecho criminal sacudiría a la población. Fue el asesinato de un hombre negro, de 38 años, muerto por asfixia de gases lacrimógenes en el baúl de un vehículo policial. El tercer episodio fue la grave herida provocada en una niña de 4 años, en Taquara (zona oeste de la capital carioca), una vez más por las balas de los uniformados. La chiquita había salido del jardín de infantes junto con su madre y de pronto, después de disparos de ametralladoras, cayó al piso ensangrentada. Esta vez, según dijeron las autoridades, fue por culpa de un enfrentamiento entre agentes y traficantes.
Si en algo sobresale Brasil, especialmente en las noticias de los medios internacionales, es por la cantidad de tragedias que provocan las acciones de las fuerzas de seguridad
Estas escenas no parecieron conmover al gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro. El mandatario defendió las balaceras y declaró sobre el exterminio provocado en Vila Cruceiro: “Hay que saber diferenciar el vecino honesto, trabajador, de aquellos delincuentes que por la madrugada andan en ómnibus armados con ametralladoras y granadas”.
Es más, para él la mortandad se vio íntegramente justificada por la aprensión de armas “que demostró la necesidad de hacer aquella operación”. Peor fue la declaración del presidente Jair Bolsonaro al calificar a los policías como “valientes guerreros”. Un teniente coronel de la policía militar, Adilson Paes de Souza, describió los fundamentos que explican la letalidad de las operaciones. “Hay dos currículos de las fuerzas de seguridad. Uno es el oficial, que se basa en los derechos humanos, las garantías constitucionales y la preservación de la vida. El otro es un currículo oculto, que es el habitual y que enseña a los futuros agentes a promover la seguridad pública mediante la eliminación del enemigo”.
Son precisamente esas políticas, alentadas desde el gobierno bolsonarista, las que originan fuerte impacto en organismos internacionales. Según describió esta semana el destacado columnista del grupo Folha, Jamil Chade, el miércoles hubo en Ginebra una reunión de altos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur. En ese encuentro el director Jan Jarab relató la preocupación que genera la espiral de violencia en Brasil.
Previamente, el alto funcionario había reunido con la Comisión Arns, que en Brasil hace el seguimiento de todos los delitos cometidos por agentes del Estado. Según Jarab, los brasileños entregaron un documento en el que solicitan una “acción urgente” de las Naciones Unidas para detener la exacerbada crueldad.
Como resultado de estas demandas, el organismo creado en la ONU para investigar el racismo y las violaciones de derechos en el caso del norteamericano George Floyd, ahora tomará en sus manos el examen del homicidio de Genivaldo Santos, el hombre asesinado por asfixia en Sergipe. No se trata de actos salvajes aislados. Las Naciones Unidas denunciaron que las fuerzas de seguridad brasileña contravienen 80% de las recomendaciones de la Comisión de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil, congregadas en el grupo RPU Brasil con el objetivo de monitorear las atrocidades policiales, recordó que la ley obliga a los agentes a preservar la vida de sospechosos de delitos, quienes deben ser detenidos y llevados a juicio. Para la Comisión Arns, la actual situación “configura un escenario muy grave e inédito”.
*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.
