Como último país del continente africano en llevar a cabo la medida, el parlamento de Burkina Faso aprobó oficialmente una ley que prohíbe a la homosexualidad y la castiga con hasta cinco años de prisión. Se trata de una legislación bajo el nombre de Código de las Personas y de la Familia. De esta manera, culturizar actividad considerada “dentro de los marcos de personas gays, bisexuales, lesbianas y/o transexuales”, se verán duramente penalizadas en el territorio.
La particularidad es que, además, la normativa complejizará las normas sobre la nacionalidad y personas apátridas, es decir, aquellas que no son reconocidas como nacionales por ningún Estado según su legislación. Esto implica enfrentar enfrenta graves restricciones para acceder a derechos básicos como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento.
La nueva legislación se aprobó por unanimidad a través del parlamento de transición de 71 miembros. Sólo resta la confirmación del líder de la junta militar, Ibrahim Traore. Al respecto, el ministro de Justicia local, Edasso Rodrigue Bayala, señaló a través de la televisión estatal: "La ley prevé una pena de prisión de dos a cinco años y una multa. Una persona que realiza prácticas homosexuales... comparecerá ante un juez y, en caso de reincidencia, será deportada si no es nacional burkinés". A su vez, señaló que la ley “entra en vigor inmediatamente y condenó los actos homosexuales como "comportamiento extraño".
Las nuevas medidas responden al régimen llevado a cabo por los militares que tomaron control del territorio a través de un golpe de Estado en 2022, quienes se muestran cada día más intolerantes hacia las disidencias. Esto ocurre en el marco de un mayor grado de violencia militante islamita en África Occidental.
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Recepción internacional y polémicas
El gobierno de Burkina Faso defendió la nueva legislación como un intento de modernizar el derecho de familia y establecer reglas más claras en materia de nacionalidad. Sin embargo, organizaciones internacionales y activistas locales advirtieron que, detrás de ese argumento, se esconden fuertes restricciones a los derechos de la comunidad LGBTQ y limitaciones al acceso a recursos legales en casos vinculados a la ciudadanía.
La decisión se inscribe en un escenario más amplio del continente, donde varios países conservadores (como Senegal, Uganda y Malawi) mantienen leyes que criminalizan la homosexualidad, mientras que otros, como Sudáfrica, Botswana y Angola, avanzaron en el sentido contrario con políticas de despenalización y protección. En este marco, los gobiernos que impulsan prohibiciones suelen justificarlas como un rechazo a valores “importados de Occidente”, reforzando la idea de que la diversidad sexual no es parte de sus tradiciones.
Burkina Faso atraviesa un contexto político marcado por la llegada al poder de una junta militar tras el golpe de Estado de 2022. Desde entonces, el líder de facto, Ibrahim Traoré, se mostró como un referente de la ruptura con Occidente, un discurso que caló en sectores de la juventud. Sin embargo, organismos de derechos humanos lo acusan de utilizar ese relato como fachada para profundizar la represión, con detenciones masivas y medidas restrictivas que ahora se extienden también a las libertades sexuales.
TC
