La desaparición de los 43 estudiantes en México está en camino de convertirse en la primera crisis de gestión para el presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió a fines de 2012. Organismos internacionales critican la respuesta que dio hasta ahora el gobierno nacional frente al caso, y cuestionan el hecho de que no haya cumplido con la promesa electoral de asumir la defensa de los derechos humanos como una de las prioridades de su administración.
“La intervención del Estado fue inadecuada –dijo a PERFIL el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz–. El gobierno local de Guerrero fue totalmente negligente y siguió líneas de investigación prácticamente inexistentes. Y cuando el gobierno federal decidió intervenir, ya era muy tarde: lo hizo una semana después del hecho, cuando mucha evidencia ya había sido negativamente manipulada. En temas de desaparición forzada, las primeras horas son cruciales. Pero el gobierno de Peña Nieto dejó pasar varios días para actuar, y no lo hizo por sus propios deseos sino por la presión internacional y nacional”.
El drama de las desapariciones forzadas no es para nada nuevo en México, donde la omnipresencia de los carteles narcos y la corrupción en las fuerzas de seguridad conforman un cóctel temible. Según cifras oficiales, los desaparecidos oscilan alrededor de las 22 mil personas. Sin embargo, el Estado nunca creó protocolos para la búsqueda con vida de esas personas.
“Claramente hay responsabilidad por negligencia del Estado –insistió Quiroz–. El presidente Peña Nieto ha dicho que la investigación seguirá ‘toque a quien toque’, pero tememos que como siempre termine tocando en los niveles más bajos de mando”.
El director de Amnistía México recordó que, al asumir, Peña Nieto le respondió una carta a la ONG internacional en la que se comprometió a que los derechos humanos fueran una prioridad de su gobierno. “Eso no sucedió y por eso le reiteramos este año que vemos una ausencia del tema en las políticas públicas del gobierno”, dijo Quiroz.
Esta semana, el jefe de Estado recibió a los familiares de los estudiantes desaparecidos en la residencia presidencial de Los Pinos. Allí anunció el lanzamiento de un “plan renovado de búsqueda” y la creación de una comisión de seguimiento e información. “Reiteré mi firme compromiso con el Estado de derecho, y que habremos de llevar a profundidad y a fondo las investigaciones que se vienen realizando –dijo Peña Nieto–. No cabe el mínimo resquicio para la impunidad. Acordamos que iremos hasta el fin de la investigación para dar con los responsables”.
Sin embargo, los familiares mostraron sus reservas. “Para nosotros no es suficiente”, aclaró tras la reunión Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de las familias. “El sufrimiento no se negocia y la vida de nuestros hijos no tiene precio”.
