Hija de Jorge Rodríguez, dirigente de la izquierda setentista fallecido bajo custodia policial, Delcy creció en un ecosistema político que moldeó su identidad. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y, a partir de 2003, comenzó a moverse en áreas técnicas del Estado hasta su ingreso definitivo al círculo duro del chavismo.
Su ascenso fue sostenido y lineal: Ministra de Comunicación (2013–2014), Canciller (2014–2017), Presidenta de la Asamblea Constituyente (2017–2018) y Vicepresidenta Ejecutiva desde 2018. Con el tiempo concentró influencia en áreas sensibles: economía, petróleo y relaciones internacionales, claves para la supervivencia del régimen.
Su estilo combina oratoria dura hacia Washington y la oposición interna, con decisiones pragmáticas puertas adentro: tolerar la dolarización de facto, tender puentes con sectores empresariales y buscar alivio a las sanciones sin ceder el control político. Para sus aliados, es disciplina y eficiencia. Para sus críticos, administración de crisis sin democratización.
Controversias y sanciones internacionales
La proyección internacional de Rodríguez no se explica solo por su cargo, sino también por los conflictos que generó. También por los conflictos que generó. El caso conocido como “Delcygate” marcó un punto de inflexión.
En enero de 2020, su avión aterrizó en Madrid pese a que tenía prohibida la entrada al territorio europeo por sanciones de la UE. En el aeropuerto de Barajas se reunió —en zona de tránsito— con el entonces ministro español José Luis Ábalos. El episodio desató una tormenta política: ¿Ingresó o no ingresó formalmente a España? ¿Hubo violación de sanciones europeas? ¿Se trató de gestión diplomática encubierta?
La justicia terminó archivando la causa: Rodríguez no cruzó migraciones y no se comprobó delito. Pero el daño político estaba hecho. El episodio cristalizó la idea de que el chavismo podía operar en la “zona gris” de la diplomacia, incluso cuando existían restricciones formales. Las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países apuntaron a su rol en: 1. La Asamblea Constituyente de 2017, señalada por desplazar a la Asamblea elegida y debilitar el Estado de derecho. 2. Decisiones que restringieron libertades políticas, afectando a opositores y actores sociales. 3. Sostenimiento del andamiaje del régimen, pese a denuncias de violaciones de derechos humanos.
Las medidas incluyeron: prohibición de ingreso a la UE, congelación de bienes en jurisdicciones europeas y sanciones financieras y bloqueo de activos bajo normas estadounidenses. Paradójicamente, en 2023 fue autorizada a viajar a Bruselas para una cumbre UE-CELAC, demostrando que las sanciones admiten excepciones diplomáticas.
El poder hoy: continuidad o bisagra
Rodríguez ocupa el lugar incómodo de quien debe administrar crisis múltiples: derrumbe económico, sanciones externas y disputas internas por el control del aparato estatal. Su desafío es triple:
1. Sostener cohesión en el chavismo.
2. Evitar un colapso económico irreversible.
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3. Construir legitimidad hacia afuera, en un mundo que desconfía de su trayectoria.
MV
