Denuncian aislamiento y torturas en Oaxaca

Familiares de dos jóvenes que fueron detenidos a finales de noviembre en la ciudad de Oaxaca, México, y en el marco de las manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador local, denunciaron que éstos fueron víctimas de "detenciones arbitrarias, aislamiento, tortura y hostigamiento", y demandaron a los gobiernos federal y estatal respeto a sus derechos humanos y a sus garantías constitucionales.

Yolanda Gutiérrez, madre de Cristian Marcel Rebolledo Gutiérrez, estudiante de 26 años de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo  que su hijo fue detenido la noche del 25 de noviembre y que, desde el 26 de ese mes no ha tenido comunicación son su hijo.

Desde esa ocasión, precisó, "hasta el día de hoy no he tenido comunicación con mi hijo; sólo sé por la Liga Mexicana de Derechos Humanos que fue trasladado a un penal de Nayarit. Mi hermano fue a verlo el primero de diciembre, después de 48 horas de interminables trámites. Mi hijo fue golpeado durante la detención y el traslado a Nayarit. Ahora se encuentra en una celda de dos por tres metros junto a otras dos personas que detuvieron en ese momento", manifestó en diálogo con el diario mexicano Jornada.

En tanto, Alberto Tlacael Cilia Ocampo, observador de derechos humanos del centro de Derechos Humanos Yax'kin, fue detenido el 27 de noviembre a las 16 horas en Oaxaca por policías ministeriales de esa ciudad, según narró su hermano Canek Cilia, quien expresó que durante 24 horas su familia "no supo nada".

Dijo que por medio de una llamada telefónica, Alberto les informó que estaba preso y que "lo golpearon, lo encapucharon, lo amenazaron de muerte y le dijeron que iban a matar a mis hermanos y a mi papá, y que le cortarían una extremidad y se la enviarían a mis padres en una botella con alcohol para que tuvieran un recuerdo".

Lo presentaron a declarar ante el juzgado séptimo penal "con muestras de tortura. Los médicos legistas fueron amenazados por las autoridades para que no citaran las muestras de abuso", afirmó Canek Cilia.

En tanto, a dos días de la detención del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, y su envío a una cárcel de máxima seguridad, desde distintos frentes advirtieron que se trata de “un mal presagio” y un difícil comienzo de Felipe Calderón a cargo de la presidencia.

Organizaciones de Derechos Humanos consideraron que la detención de Sosa, en el marco de una movilización para exigir la renuncia del gobernador de Oaxaca, “no contribuye a resolver el conflicto”. “Es preocupante, y es una advertencia del clima que imperará con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña", quien forma parte del nuevo gobierno encabezado por Calderón.

El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez sostuvo, en declaraciones que reproduce el diario mexicano La Jornada: "Esta acción del gobierno federal se llama traición y genera desconfianza en el sistema político mexicano. Esto es una advertencia del clima que imperará con Ramírez Acuña en Gobernación. Es un mal presagio".

Sosa, líder de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) fue acusado de una serie de delitos y su detención se suma a la de más de 150 personas que permanecen en prisión desde el 25 de noviembre cuando se manifestaban en el marco de una serie de protestas –encabezadas por los maestros- que ya llevan más de seis meses y que mantuvieron durante largo tiempo a ese estado mexicano con las clases paralizadas.

En este marco, el pintor oaxaqueño Francisco Toleo encabezó ayer en Oaxaca la creación de un comité para defender a los detenidos de la APPO.

El Comité de Liberación 25 de Noviembre tiene el objetivo de apoya r "a las personas que han sido detenidas de manera irregular durante las marchas y manifestaciones de descontento social a lo largo de las últimas semanas" en Oaxaca, a 450 kilómetros al sur de la capital, dijo el reconocido artista plástico.

El legislador del Partido Acción Naciona (PAN), opositor, consideró, por su parte, que la solución al conflicto que vive hoy el estado del sur mexicano pasa por la salida del gobernador Ulises Ruiz y la atención a las demandas sociales y laborales de los maestros.

Entre tanto, la Secretaría de Gobernación ratificó a la APPO la voluntad de las autoridades federales de privilegiar el diálogo, para avanzar en la solución de la crisis en esa demarcación, informó la agencia Prensa Latina.

En un comunicado emitido al término del primer encuentro entre la nueva dirección de Gobernación y la APPO, la dependencia federal subrayó su compromiso con la firme aplicación de la Ley y el respeto al marco legal vigente.