(Desde Cabo Haitiano, Haití) — Al menos 47 personas murieron y más de 50 fueron secuestradas después de que un grupo de hombres armados atacara el domingo la localidad de Kenscoff, en las colinas próximas a Puerto Príncipe, la capital de Haití. Los atacantes incendiaron viviendas y atacaron una iglesia donde se habían refugiado personas desplazadas por la violencia.
Entre las víctimas fatales hay al menos cinco chicos y 22 personas fueron asesinadas dentro del templo, según datos difundidos por Naciones Unidas. El ataque fue atribuido a integrantes de Viv Ansanm, la coalición que reúne a algunas de las principales pandillas haitianas y que amplió su control territorial en los alrededores de la capital.
El gobierno de transición haitiano anunció el envío de refuerzos a la zona, mientras la Policía Nacional defendió su respuesta frente a una nueva ofensiva de los grupos armados. Pero detrás de cada ataque hay una realidad que va mucho más allá de las cifras de muertos y secuestrados: una población que vive con miedo, abandona sus hogares y se desplaza dentro de su propio país para escapar de las pandillas.
El país más pobre de la región, atrapado en un círculo que se retroalimenta
Haití no solo es el epicentro de la violencia armada más grave del continente; también es, según el Banco Mundial, la nación más pobre de América Latina y el Caribe, y una de las más pobres del planeta. Alrededor del 60% de su población vive por debajo de la línea de pobreza y uno de cada dos haitianos sufre algún grado de subalimentación, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales. El ingreso promedio por habitante apenas ronda los 1.700 dólares anuales, una fracción de lo que perciben otros países de la región, y la economía acumula seis años consecutivos de contracción.
Esa pobreza estructural no es un dato aislado de la crisis de seguridad: es, al mismo tiempo, causa y consecuencia. La falta de oportunidades económicas alimentó durante años el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas, mientras que la violencia, a su turno, hundió aún más la actividad productiva, ahuyentó la inversión y golpeó al comercio.
El resultado es un país en el que su Estado recauda cada vez menos impuestos, tiene menos capacidad de sostener hospitales y escuelas, y donde millones de personas quedan libradas a su suerte frente al avance armado.
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“Estas situaciones de violencia se viven a diario”, explicó a PERFIL Yves Mary Saint-Louis, técnico y agrónomo haitiano de 30 años. “Los episodios que llegan a la agenda pública son apenas la parte más visible de una crisis que atraviesa la vida cotidiana de miles de haitianos. Los secuestros, las extorsiones, las amenazas y los enfrentamientos forman parte de una realidad que condiciona hasta los movimientos más básicos de la población”, agregó.
“El avance de las pandillas transformó comunidades enteras. Familias que durante años vivieron en determinados barrios tuvieron que abandonar sus casas y trasladarse a otras zonas del país. Algunas buscan refugio con familiares; otras llegan a ciudades donde tampoco existen condiciones suficientes para recibirlas", contó Saint-Louis.
Cabo Haitiano, el destino de quienes escapan de las pandillas
En el norte del país, Cabo Haitiano recibe a parte de quienes lograron escapar de las zonas más castigadas por la violencia. La ciudad presenta una situación de seguridad distinta a la de Puerto Príncipe y sus alrededores —no sufre el control armado de las pandillas ni ataques como el de Kenscoff—, pero eso no la vuelve inmune a la crisis del país. Cabo Haitiano está atravesada por la misma pobreza estructural que castiga a Haití en su conjunto: barrios sin servicios básicos garantizados, un sistema de salud desbordado, escuelas con recursos escasos y una economía local que no alcanza a absorber a la creciente población desplazada.
“Los episodios que llegan a la agenda pública son apenas la parte más visible de una crisis que atraviesa la vida cotidiana de miles de haitianos. Los secuestros, las extorsiones, las amenazas y los enfrentamientos forman parte de una realidad que condiciona hasta los movimientos más básicos de la población”.
A la pobreza propia de sus habitantes se suma ahora la de miles de familias que llegan sin nada, después de perder sus casas y sus pertenencias del otro lado. Esa combinación tensiona los pocos recursos disponibles ya que no hay suficiente vivienda ni empleo, ni infraestructura sanitaria para sostener a una ciudad que crece más rápido de lo que su economía puede acompañar. Lejos de ser un destino con condiciones garantizadas, Cabo Haitiano funciona como una suerte de válvula de escape para un país que no tiene adónde derivar a su población desplazada.
Desde Cabo Haitiano, PERFIL reconstruyó parte de esa realidad junto a Serge Jean Louis, director departamental de Medio Ambiente del Norte de Haití. El funcionario explicó que la situación de seguridad en otras regiones del país genera preocupación también entre quienes viven en el norte y planteó como uno de los principales desafíos la recuperación de la capacidad del Estado.
La magnitud del fenómeno es difícil de dimensionar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 1,5 millones de haitianos están desplazados dentro del país como consecuencia de la violencia. No todos llegan a Cabo Haitiano, pero la ciudad se convirtió en uno de los destinos para quienes buscan alejarse de las zonas controladas o disputadas por los grupos armados. Para Jean Louis, recuperar la presencia estatal será indispensable para que Haití pueda avanzar. “Se está trabajando para que Haití salga adelante como país”, señaló.
El funcionario también destacó la necesidad de cooperación internacional. “La crisis no se reduce a la seguridad: también involucra la economía, el acceso a servicios y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población”, explicó.
Cómo las pandillas llegaron a controlar buena parte de Haití
La expansión de los grupos armados se profundizó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Su muerte agravó una crisis política e institucional que ya atravesaba el país y dejó un vacío de poder que las organizaciones criminales aprovecharon para ampliar su influencia.
“La crisis no se reduce a la seguridad: también involucra la economía, el acceso a servicios y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población”.
Ese vacío no surgió de la nada. Haití arrastraba desde hacía años un Estado debilitado, con instituciones frágiles, una economía golpeada por sucesivos desastres naturales, como el terremoto de 2010, y una desigualdad social que dejó a buena parte de la población sin acceso a educación, salud ni empleo formal. Sobre ese terreno, las pandillas encontraron condiciones ideales para reclutar a jóvenes sin horizontes económicos y consolidarse como una alternativa de poder frente a un Estado ausente.
Desde 2021, los grupos armados comenzaron a disputar abiertamente el control de barrios, rutas y zonas estratégicas de la capital. Los enfrentamientos entre bandas rivales y las operaciones policiales se sumaron a una crisis institucional que dificultó, una y otra vez, la recuperación del territorio.
En 2024, varias de las principales organizaciones se agruparon bajo la coalición Viv Ansanm. Sus integrantes son señalados por asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. Ese mismo año, una misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia y respaldada por Naciones Unidas, desembarcó en el país con el objetivo de asistir a la Policía Nacional. Sin embargo, los resultados fueron limitados: las pandillas mantuvieron y hasta ampliaron su control territorial en gran parte de Puerto Príncipe y sus alrededores.
El ataque de Kenscoff volvió a mostrar las consecuencias de ese avance, personas que ya habían perdido sus hogares por la violencia fueron atacadas precisamente en el lugar donde habían buscado refugio. La escena resume, en buena medida, el círculo que atraviesa Haití: la pobreza empuja a los jóvenes hacia las pandillas; las pandillas generan violencia, la violencia obliga a desplazarse, los desplazados necesitan lugares donde refugiarse, y esos mismos espacios, tan precarios como el resto del país, quedan expuestos a nuevos ataques.
El desafío de volver a las urnas
La inseguridad también condiciona el futuro político del país. Haití no celebra elecciones presidenciales desde 2016. Después del asesinato de Moïse, los distintos gobiernos de transición intentaron avanzar hacia nuevos comicios, pero la falta de condiciones de seguridad y la profunda crisis institucional impidieron concretarlos.
Ahora, la primera vuelta presidencial y legislativa está prevista para el 13 de diciembre de 2026, mientras que la segunda vuelta está fijada para el 21 de febrero de 2027. El calendario, sin embargo, depende de una condición que Haití todavía no logró garantizar en buena parte de su territorio: que los ciudadanos puedan circular, reunirse y votar sin quedar expuestos a la violencia.
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A esa condición se suma otra, menos visible pero igual de determinante, que un Estado empobrecido logre sostener la logística de un proceso electoral en un país donde buena parte de los recursos públicos ya no alcanzan ni para garantizar servicios básicos.
En medio de ese escenario, Saint-Louis mantiene una mirada esperanzada sobre el futuro. “Haití es un país que lo tiene todo para salir adelante”, afirmó. “Lo último que se pierde son las esperanzas. Hoy Haití está en lágrimas, pero esperamos como sociedad salir adelante”, agregó.
LB/MSS
