Casi 30 años después de la caída de la dictadura militar en Brasil, la Comisión de la Verdad entregó su informe final a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, que agradeció la investigación y pidió, entre lágrimas, que el dossier sea distribuido en todo el país. “Merecen la verdad”, remarcó la mandataria, visiblemente conmovida por el acto.
Luego de 31 meses de trabajo, la CNV registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, a la vez que identificó 230 centros clandestinos de detención en todo Brasil. De acuerdo con el relevamiento, las tareas perpetradas incluían detenciones ilegales, prisión, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
La comisión sentenció que tales violaciones a los derechos humanos constituyeron una “política de Estado” diseñada por el gobierno de facto brasileño. Tres décadas después, el Estado reabre el debate sobre lo ocurrido aquellos años y evalúa una posible revocatoria de la amnistía dictada en 1979 y ratificada en 2010, que benefició a militares y fuerzas de seguridad implicadas en numerosos casos de violaciones y apremios.
La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en 2011 por la propia Rousseff. Como víctima de la dictadura -integró diversas organizaciones armadas clandestinas, fue torturada y condenada a tres años de prisión- la jefa de Estado brindó su testimonio a los investigadores, así como también lo hicieron los expresidentes Luiz Inácio da Silva y Fernando Henrique Cardoso.
Cifras. Según indicaron medios de ese país, el informe indica que 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
La investigación -similar al informe realizado por la Conadep en Argentina durante los '80- identifica a ocho militares que ejercieron la Presidencia. Además, menciona a exministros y altos jefes militares, e incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como diferentes métodos de tortura y agresiones tanto físicas como psicológicas, no sólo contra integrantes de grupos guerrilleros, sino también contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8350 indígenas, cifra que podría ser mayor aún.
Contradicción. Frente a ello, la CNV consideró que la ley de amnistía contradice el derecho brasileño y el orden jurídico internacional, por lo que recomendó exceptuar la aplicación de leyes de perdón para aquellos crímenes.
Esos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, apuntó el informe, según la agencia AFP.
Merecer la verdad. Los resultados del informe de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil no sólo otorgaron importantes avances en la búsqueda de justicia a favor de los familiares de las víctimas de la dictadura, sino que también provocó un conmovedor momento durante el discurso de Roussef.
“La nuevas generaciones merecían la verdad. Sobre todo, merecían la verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos y compañeros que continúan sufriendo”, señaló Dilma. “Continúan sufriendo como si murieran una y otra vez”, siguió, sin poder contener las lágrimas.
Cuestión personal. Aunque dijera en varias oportunidades que, con la creación de la CNV, no buscaba venganza, la historia de Rousseff vuelve a la agenda política, como lo hiciera durante la campaña electoral que la llevó a ganar la reelección en octubre de este año.
“La vida lo que pide de nosotros es coraje”, decía dijo el 1 de enero de 2011, cuando se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil, para quienes no tiene nada que envidiar a otras “damas de hierro”, como la alemana Angela Merkel.
"En mi vida, enfrenté situaciones del más alto grado de dificultad, agresiones que llegaron al límite físico, y nada me sacó de mi rumbo, de mis compromisos, ni del camino que tracé para mí misma", declaró Rousseff en junio, mientras le llovían críticas durante el Mundial.
