Duro informe sobre abusos en la Iglesia de España: más de 400 mil víctimas

Más de 200 mil menores habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España desde 1940, según un primer informe independiente divulgado ayer, que rompe el silencio en un país donde las víctimas se vieron confrontadas durante décadas a la opacidad de la Iglesia.

“Hay gente que se ha suicidado, gente que no ha recompuesto su vida jamás”, dijo en rueda de prensa el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien entregó el reporte de más de 700 páginas, titulado “Una respuesta necesaria”, al Congreso, que se lo había encomendado en marzo de 2022.

El informe no ofrece una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada con una muestra de 8 mil personas, según la cual un 0,6% de la población adulta (unos 39 millones de personas) afirma haber sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia católica cuando eran menores.

La cifra aumenta a 1,13% de la población adulta (más de 400 mil víctimas) si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, detalló Gabilondo, quien coordinó la comisión independiente que trabajó por año y medio.

Gabilondo, un exministro de Educación socialista, señaló que hay casos que se remontan a la década de 1940, pero que la gran mayoría ocurrió entre 1970 y 1990.  Una época que abarca desde el inicio de la dictadura franquista (1939-75), que tenía en la Iglesia uno de sus pilares, hasta un período con la transición democrática ya bien asentada.

Gabilondo reveló que 487 víctimas, un 87% de ellas hombres, denunciaron abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

El informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada “durante mucho tiempo” por “la negación o la minimización del problema”. En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la “negación y a la ocultación”, sino incluso a “presiones” de representantes de la misma en las que “se les culpabilizaba de los abusos sufridos”. No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buenas prácticas en la Iglesia y reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

El informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

Las víctimas subrayaron “los problemas emocionales” que sufrieron a lo largo de sus vidas, expuso Gabilondo. “Jamás voy a ser una persona normal. Jamás voy a dejar de hacer terapia ni de medicarme”, dijo una víctima, Teresa Conde, para quien el informe es una “luz” que debe conducir a las autoridades a garantizar “que al menos esto no se repita”.

Hoy profesora de Filosofía, de 57 años, Conde fue abusada por años por un fraile amigo cercano a su familia, a partir de sus 14 años, cuando iba a un colegio religioso en Salamanca, a principios de la década de 1980.

“Ocultamiento”. A diferencia de Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, España, país de arraigada tradición católica, nunca había llevado a cabo una investigación sobre la pederastia en el clero. 

En Francia se contabilizaron 216 mil menores víctimas desde 1950; en Alemania, 3.677 casos entre 1946 y 2014, y en Irlanda, más de 14.500 personas recibieron compensación financiera. 

En la Iglesia católica española, “durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos, de ocultamiento o de protección de los abusadores”, denunció Gabilondo, quien criticó el traslado de religiosos denunciados a otras parroquias o países.

Entre sus recomendaciones, el informe pide “la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones” a las víctimas y garantizar que se les preste atención psicológica el tiempo que sea necesario.

La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque finalmente facilitó documentos. La Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó que sentará posición sobre el informe el lunes, en una asamblea extraordinaria.

Ante el aumento de la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría propia, que un despacho de abogados tiene previsto finalizar antes de que termine el año. La Iglesia afirma haber implementado protocolos de actuación ante abusos e instalado oficinas “de protección de menores” en sus diócesis.

Un país “un poco mejor”. “Hoy somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la cual nadie hablaba”, se congratuló desde Bruselas, donde participó del Consejo Europeo, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

El informe fue saludado por muchas víctimas. “Es un informe serio, que responde a la reivindicación de las víctimas”, que tuvieron “voz” en su elaboración, dijo Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la asociación Infancia Robada.

Padre de un joven abusado por un profesor en un colegio católico entre 2008 y 2010 en la ciudad vasca de Bilbao, Cuatrecasas indicó que el reporte no debe marcar “un fin” sino “el inicio” de un proceso en el cual el Congreso legisle para brindar reparaciones a las víctimas. Las “víctimas no piden limosna, piden que en un Estado de derecho se les contemple como víctimas y que tengan derecho a todos los recursos y las reivindicaciones que solicitan”, destacó.