La política antiinmigración del gobierno del presidente Donald Trump, que ya demostró tolerancia cero, apunta ahora a ubicar y deportar a miles de chicos latinos que ingresaron en forma ilegal en Estados Unidos.
Aunque los organismos oficiales evitan dar una cifra concreta, Tom Homan, el funcionario designado por Trump para controlar las fronteras, señaló que serían unos 300 mil.
Según Homan, a quien se conoce como “el zar fronterizo”, esa cantidad corresponde a menores que ingresaron sin padres –con algún otro familiar o amigos– durante la presidencia de Joe Biden y luego “desaparecieron” del sistema legal.
El argumento del gobierno es que están en riesgo de ser explotados o de ser captados por organizaciones de trata. Lo cierto es que se lanzó una operación de búsqueda con todos los recursos disponibles para encontrarlos y deportarlos.
Según un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al que accedieron medios estadounidenses, la agencia está organizando una campaña de deportaciones en varias fases clínicas para localizar menores no acompañados.
Los agentes que intervienen utilizan bases de datos, ADN, huellas digitales y colaboraciones con patrocinadores para identificar y deportar a los chicos.
Quiénes son. El enfoque de las políticas del ICE en este ámbito se centra en los “menores no acompañados” (UAC, por sus siglas en inglés), es decir, niños y adolescentes que cruzan la frontera de Estados Unidos sin un padre o tutor legal.
Muchos de estos menores no se presentan a sus audiencias en las cortes de inmigración, lo que resulta en una orden de deportación en ausencia. El ICE ha buscado en el pasado a estos menores para ejecutar esas órdenes.
Las cifras exactas varían según la fuente y el momento. Todo surgió con un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revelaba que entre 2019 y mayo de 2023, aproximadamente 291 mil menores no acompañados evitaron los Avisos de Comparecencia (NTA) para sus audiencias de inmigración, y 32 mil que los recibieron no se presentaron a estas audiencias.
Para los expertos, es un problema “administrativo” de las agencias del Estado, que tienen un manejo poco eficiente de las notificaciones, que muchas veces no llegan a destino.
Pero la administración Trump lo está utilizando políticamente y lo presenta como un grave problema social en el país
El propio presidente y varios legisladores republicanos, como Michael Cloud, acusan al gobierno de Biden de haber “perdido el rastro” de unos “300 mil” niños en situación irregular.
Temor. En algunas ciudades de estados con mayoría de inmigrantes, como California y Washington, el tema generó terror en las familias latinas.
En Washington D.C. se informó de arrestos cerca de escuelas y guarderías, con presencia de vehículos sin identificación cerca de centros infantiles bilingües.Aunque no se confirmaron redadas dentro de las escuelas, la cercanía de agentes de inmigración provoca una alarmante sensación de inseguridad.
Hace una semana comenzó el ciclo lectivo en las escuelas de Estados Unidos. Muchos padres latinos prefirieron evitar que sus hijos vayan al establecimiento por temor a lo que les podría pasar.
El Servicio de Inmigración dijo que no tomaría medidas contra las escuelas por ahora, pero no descartó realizar controles en las instalaciones escolares para detectar niños indocumentados que estén “en riesgo” de caer en redes de tráfico sexual o trabajo forzado.
“Nuestro objetivo es encontrar a esos 300 mil niños indocumentados y a los menores que llegaron aquí durante la última administración”, admitió la semana pasada el jefe del ICE, Todd Lyons, a NBC News.
“Autodeportación”. Por otro lado, los agentes de inmigración están aplicando una práctica polémica con los menores que encuentran, basados en una norma del actual gobierno, que viola las leyes de protección de menores establecidas en Estados Unidos. Una directiva de la Casa Blanca les permite a los agentes ofrecer a los adolescentes migrantes, entre 14 y 17 años, la deportación en forma “voluntaria”. Una vez que firman los papeles, se los detiene y envía al país de origen.
Abogados y organismos de derechos humanos alertaron sobre esta medida, advirtiendo que es extremadamente peligrosa para los menores, muchos de los cuales desconocen sus derechos y no hablan inglés correctamente.
Su única defensa, según expertos, es negarse a firmar cualquier documento y solicitar hablar con un tutor, un abogado o un juez.
Homan, el “zar de la frontera”
R.P. y Agencias
El nombramiento de Thomas “Tom” Homan como el “zar de la frontera” por parte del presidente Donald Trump ha vuelto a poner bajo el reflector a un veterano de la aplicación de la ley migratoria, conocido por su postura de mano dura y su papel en las controvertidas políticas del primer mandato presidencial del magnate.
Homan, de 63 años, no es un rostro nuevo en la administración. Sirvió como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2017 y 2018. Durante ese tiempo, se convirtió en una de las figuras más visibles de la política migratoria de tolerancia cero y de la que él mismo se ha definido como un firme defensor.
Un sector importante de los republicanos lo respalda y lo considera el hombre ideal para enfrentar la crisis en la frontera sur del país, con un enfoque en la seguridad nacional y en la aplicación estricta de las leyes de inmigración. Para la mayoría, es el arquitecto de la política migratoria más radical llevada a cabo por Estados Unidos, que provocó la separación de miles de familias migrantes.
