La justicia española atribuye a Iñaki Urdangarín, yerno del rey de España, una actividad encaminada a “apoderarse de fondos públicos”, en una aventura judicial que amenaza la credibilidad y prestigio de la Familia Real española y levanta voces críticas desde todos los sectores de la política de ese país. Para el Gobierno, Urdangarín, “tiene derecho a la presunción de inocencia”, como cualquier otro ciudadano.
El esposo de la Infanta Cristina de Borbón, afirma que defenderá su “honorabilidad e inocencia”. “Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido”, añadió Urdangarín desde Washington, donde vive con su familia.
Según la investigación realizada por la oficina anticorrupción española, Urdangarín se apoderó de fondos públicos de las Islas Baleares, utilizando facturas falsas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios en calidad de presidente del Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro dedicada al patrocinio del arte, la cultura y los deportes.
El informe judicial dice que en 2005 y 2006, el Gobierno de las islas Baleares firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros (provenientes de fondos públicos) para organizar un foro deportivo, el “Illes Balears Forum”, dos jornadas sobre turismo y deporte.
Los investigadores estiman que la operativa habría consistido en fijar precios totalmente desproporcionados por los servicios prestados, y que ese dinero se desvió a empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres, ex vicepresidente de Nóos. Tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado. “De esta forma”, finaliza el informe, “los fondos públicos acababan en manos de las mercantiles controladas por Torres y Urdangarin”.
Según el abogado de Jaume Matas, presidente de las Islas Baleares en aquel tiempo, “si los hechos fueran ciertos son de extraordinaria gravedad, pues los gestores del Instituto Nóos habrían engañado y sorprendido en su buena fe a los responsables políticos” de gobiernos autonómicos “y de algunas otras entidades públicas y privadas”.
El caso se convirtió en un verdadero escándalo que salpica muy directamente a la Familia Real española, ya que, según el artículo 56 de la Constitución de España, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, pero esta ley no protege a los miembros de su familia.
Un periodista fue categórico, y pidió directamente en un debate televisivo la abdicación del rey y la renuncia de Urdangarín a su título de duque: “La monarquía en estos momentos es una empresa (…). Estoy harto de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Estoy harto de que haya gente que esté por encima de cualquier sospecha. Y quiero pedir dos cosas, aunque no soy nadie. Duque de Palma: Abdique, renuncie al título, sálgase. Majestad: Abdique”.
El senador nacionalista vasco Iñaki Anasagasti no dudó en vincular la presunta apropiación de fondos públicos por parte de Urdangarín con la “impunidad” que, en su opinión, siempre gozó la Familia Real. Para él, el problema es que trata a la Familia Real, “empezando por el padre” -es decir, el rey- con “tanta impunidad que nunca ha habido ninguna posibilidad de controlar nada”. En este sentido, afirmó que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista (PSOE) son “muy culpables”.
Mientras tanto, el político catalán Joan Tardà, gran crítico de la monarquía, pidió al rey que no ejerza “presiones sobre la Justicia” porque, en su opinión, la opacidad y los privilegios que tiene Familia Real son un caldo de cultivo para este tipo de prácticas: “Privilegios más opacidad es igual a corrupción aquí y en Tombuctú”, subrayó Tardà. “Si ha delinquido deberá pagar, pero si no lo ha hecho no, como todo el mundo”.
El político, que defiende desde hace tiempo la necesidad de que el Parlamento español pueda controlar las actividades financieras de la Familia Real, está convencido de que la monarquía acabará despareciendo en España porque es una institución “antigua y antidemocrática”, y cree que este tipo de incidentes puede acelerar ese proceso. “Si no dan ejemplo, su desprestigio será aún más rápido”, opina.
El dirigente de izquierda Enrique Santiago, en tanto, lamentó las circunstancias turbias que ahora rodean los negocios privados del yerno del rey, y vaticina que a partir de ahora se sabrá “hasta que punto el blindaje que el Código Penal establece para los miembros de la Familia Real van a intentar que alcance al señor Urdangarín”. Además, aprovechó incluso para solicitar la abolición de la Monarquía española y abogar por una democracia “donde democraticemos todas las instituciones, incluyendo la jefatura del Estado, y donde no nos encontremos como espectáculos como el que estamos teniendo”.
Otro miembro de su partido llegó a señalar, con ironía, que el duque de Palma debería poner su cargo “a disposición” de la Casa Real, de la misma manera que la Monarquía tendría que poner “su Casa Real” a disposición de la soberanía popular.
El Gobierno se mostró firme ante la decisión de investigar al yerno del rey y, como afirmó el vocero del PP, Esteban González Pons, espera que la investigación judicial “no deje mancha en el prestigio” de la Familia Real. El dirigente afirma confiar en la igualdad de todos los españoles ante la ley. "Con independencia del nombre que llevemos o de la familia a la que pertenezcamos”, ha añadido.
El rey Juan Carlos, por su parte, expresó su “respeto absoluto” a las actuaciones y decisiones de la justicia española. Según publicó este viernes el diario El Mundo, Urdangarín no recibirá apoyo de la Casa Real si llegara a ser hallado culpable, y deberá rendir cuentas ante la justicia “como un ciudadano particular más”, ya que entienden que debe ser él “quien se ocupe del funcionamiento de su vida privada”.
Según el sitio periodístico español Voz Populi, las relaciones del monarca con su yerno no pasan por su mejor momento: “El rey Juan Carlos suspendió por sorpresa un viaje a Barcelona que tenía programado, después de ser informado esa misma mañana del inminente registro que Anticorrupción estaba a punto de realizar en la sede del Instituto Noos de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, sita en la calle Balmes de Barcelona. En la ciudad catalana, donde el rey tenía prevista una agenda de actos muy apretada, la cancelación del viaje causó sorpresa y perplejidad a partes iguales”.
Según un diario español, el rey Juan Carlos “algo de lo que está ocurriendo debía intuir cuando les dio permiso para que se fueran a vivir a Washington. Un traslado que justificaron alegando que se debía a los compromisos laborares del duque, a quien habían ascendido a consejero y presidente de la comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica y EE.UU. Una explicación poco convincente”.
(*) Periodista, especial para Perfil.com
