El ex presidente peruano Toledo se entregó en EE.UU. y va a ser extraditado a su país

El expresidente Alejandro Toledo, acusado por Lima de corrupción y lavado de dinero, se entregó ayer a la Justicia estadounidense para iniciar su proceso de extradición a Perú, donde enfrenta causas por corrupción durante su mandato, entre 2001 y 2006, informaron las autoridades en California. 

Toledo, de 77 años, se entregó por la mañana a un tribunal federal de San José y quedó a disposición del servicio de alguaciles de Estados Unidos.

El político salió de su residencia en Menlo Park acompañado de su abogada y de su esposa, Eliane Karp. 

Vestía una chaqueta verde, chaleco rojo, blue jean y zapatos deportivos, y llevaba algunas pocas pertenencias, según se vio en imágenes divulgadas en redes sociales.

Una amplia comitiva de medios aguardaba desde temprano en la entrada del edificio federal Robert F. Peckham, a donde debía entregarse, sin embargo Toledo los evadió e ingresó discretamente por otro lugar. La información de su entrega efectiva solo fue confirmada por el servicio de alguaciles.

Se espera que el proceso de extradición sea ejecutado en menos de una semana, explicaron fuentes del sistema judicial.

El expresidente permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea confiado a las autoridades peruanas, detalló en un fallo esta semana el juez Thomas Hixson, del distrito norte de California, quien ordenó al político entregarse sin más dilaciones este viernes. 

Según la prensa de California, el exmandatario sería transportado a la sede policial del condado de San Mateo, a fin de esperar que se finiquite el trámite de su entrega a la delegación que lo llevará al Perú, compuesta por miembros de la Interpol, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. “Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, dijo esta semana el representante de la fiscalía general Kyle Waldinger.

Toledo, acusado en Lima en el marco del caso Odebrecht, ha negado siempre los señalamientos y presentó varias peticiones para bloquear la extradición que Perú buscaba desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero. Todos sus recursos para retrasar el proceso fueron denegados.

El miércoles de esta semana, Toledo pidió atrasar la entrega cuatro días por compromisos médicos, algo que el juez Hixson rechazó, y el jueves introdujo una moción de emergencia en una corte de Washington para que se reconsiderase su caso. 

Toledo ha argumentado en todos los pedidos que es inocente y que su integridad podría correr peligro en Perú. Los diversos tribunales ante los cuales ha intercedido no han encontrado razones sustanciales para impedir el proceso de extradición. Poco antes de entregarse, dio una entrevista a una agencia de noticias en la que se mostró preocupado por lo que pueda pasarle cuando llegue al Perú: “No le corro a la Justicia, pero le pido por favor que no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos”. 

Lava Jato. El ex presidente residía en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford. Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente fue puesto en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

Perú lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas, en particular la construcción de la carretera interoceánica. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel. Al llegar deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. 

Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados. Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.

“Puede implicar a otras personas”

Sabrina Lopardo Chemen

Milagros Campos es una politóloga peruana, magíster en Ciencia Política, y abogada. Desde Lima indaga en las consecuencias de la entrega a la Justicia de Toledo.

— ¿Afecta esta detención  de alguna forma a Perú?

—Hay expectativas sobre sus declaraciones, porque puede implicar a otras personas. 

—Y la sociedad, ¿qué expectativas tiene?

—Toledo enarboló la bandera anticorrupción. La paradoja es que su gobierno logró extraditar a Fujimori de Chile, y ahora él es extraditado. La reacción entre peuranos es de indignación. Los testimonios que lo incriminan son sólidos, por eso su actuación frente a la Justicia, evadiéndola, probablemente sea sintomática. Su discurso de permanente lucha contra la corrupción no tenía un correlato en su actuación.

—Es una cadena, cada uno extradita al anterior. 

—Es lo que acá llamamos la “Odebrechización de la política”: el escándalo de Odebrech toca a varios expresidentes. Esto distinguiendo la situación de (Pedro) Castillo: un caso de corrupción  generalizada que termina con un golpe de Estado, fallido, pero no menos intolerable. Sobre los presidentes está esa sombra de corrupción generada por el escándalo de Lava Jato. Nuestra legislación señala que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato por causas muy extremas, como disolver el Congreso. Sin embargo, después de destituidos, por esta causa extraña de vacancia por incapacidad moral, los presidentes han afrontado distintos procesos. Todavía en juicio, pero libres, como Pedro Pablo Kuczynski, quien desde 2017 está en juicio. O Humala, que también afronta investigaciones.

—No solo en Perú, sino en muchos países de América Latina, ¿qué pasa con los presidentes que todos tienen causas? 

—Es un problema. Necesitamos crear estándares altos de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública, y del otro lado, y evitar la judicialización de la política.