La violencia policial, una antigua llaga brasileña, vuelve a preocupar al gigante sudamericano en vísperas de la celebración de sus grandes citas deportivas: el Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Desde junio pasado, cuando estallaron las protestas populares durante la disputa de la Copa Confederaciones, se han vuelto rutinarias las escenas de policías lanzando bombas de gas lacrimógeno y disparando balas de goma contra manifestantes, que siguen saliendo a las calles, aunque en menor número.
Los conflictos son más violentos en Río de Janeiro, donde el gobernador Sergio Cabral logró aprobar una ley que permite arrestar sin derecho a fianza a personas sospechosas de destruir bienes públicos y privados durante las protestas o que participen en ellas enmascarados, como suelen hacer los “indignados”.
El antropólogo brasileño Luiz Eduardo Soares, ex secretario de Seguridad Pública de Río, divulgó recientemente un mensaje dirigido a Cabral, en el que critica la táctica adoptada por el gobierno de usar los actos de los “indignados” para justificar “una represión muy dura” a las protestas con uso de instrumentos similares a los empleados por la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. En el mensaje, Soares exhortó el gobernador a abrir un diálogo con los sectores descontentos. “Debemos dejar de ser hipócritas y de actuar en nombre del orden y de la legalidad”, expresó el antropólogo.
Según Soares, el cambio debe alcanzar también la actuación de los agentes que participan en el programa de Unidades de Policía Pacificadora (UPP), lanzado en 2007 por Cabral para ocupar favelas antes controladas por bandas de narcotraficantes. El ex secretario de Seguridad sostuvo que las UPP no han cambiado la cultura de violencia, que es la principal característica de la relación entre la policía y la población más pobre, y no ha logrado frenar “el verdadero genocidio” que ocurre en las favelas.
Las UPP, creadas para reducir los índices de criminalidad en Río, son la “joya de la corona” de la administración de Cabral, pero afrontan cuestionamientos, en parte porque sólo han sido instaladas en comunidades ubicadas en áreas ricas o turísticas de la ciudad o en regiones vecinas a los lugares de disputa del Mundial y de los Juegos Olímpicos.
Además, la desaparición de un obrero en la favela Rocinha –la más grande de Río– en junio pasado reveló abusos de violencia por parte de los agentes. Un estudio del Instituto de Seguridad Pública (ISP) parece revelar que no es un caso aislado: el número de desapariciones de personas en 18 de las 36 favelas que recibieron el proyecto de las UPP aumentó entre 2007 y 2012.
Según el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, el Brasil debe tomar medidas urgentes para frenar la violencia policial contra los más vulnerables.
