La crisis de desapariciones forzadas en México no solo destaca el trauma de una sociedad atravesada por la violencia de los narcotraficantes, sino también la complicidad e inoperancia de las autoridades.
Un informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana reveló que, entre 2006 y 2024, se documentaron oficialmente hasta 4.071 fosas clandestinas y más de 10.000 cuerpos exhumados en el territorio nacional.
Esta cifra desnuda la magnitud de una tragedia humanitaria que coincide cronológicamente con la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada a finales de 2006, un conflicto que en lugar de contener a los cárteles atomizó la violencia, expandió sus redes de control territorial y convirtió el subsuelo mexicano en un cementerio clandestino masivo.
Radiografía de la impunidad. El análisis de la Universidad Iberoamericana expone de manera cruda que las fosas encontradas no son episodios aislados, sino parte de una metodología sistemática de exterminio y ocultamiento utilizada por las estructuras criminales.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006 - 2012), las fosas se concentraron en los estados del norte del país
El uso de predios rústicos, casas de seguridad y zonas despobladas responde a una lógica de impunidad absoluta: desaparecer el cuerpo para negar el delito y congelar la investigación judicial. Sin embargo, el hallazgo de más de 10.000 cuerpos es también el reflejo de un profundo colapso institucional. Los servicios forenses del país, tanto a nivel federal como estatal, se vieron rebasados por la dimensión de la crisis.
La falta de recursos técnicos, el rezago en la identificación genética, la escasez de peritos calificados y la corrupción sistémica han provocado que miles de restos permanezcan en calidad de desconocidos, acumulados en fosas comunes institucionales o en refrigeradores forenses que operan al límite de su capacidad.
El poder, sin respuesta. Ante este flagelo, todos los gobiernos fracasaron. Los de derecha aplicaron medidas de mano dura y choque contra los carteles. Los de centro izquierda intentaron un acercamiento y negociaciones, que tampoco fueron efectivas.
Con López Obrador (2018 - 2024), de centroizquierda, hubo un incremento sostenido e histórico en los hallazgos de fosas
Durante el gobierno de derecha de Felipe Calderón (2006 - 2012), las fosas se concentraron en los estados del norte del país (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), marcados por la escalada de la “guerra contra las drogas” y enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En la gestión de Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), también de centroderecha, las sepulturas clandestinas de los narcos se desplazaron hacia el centro-sur y costas del país. Tres entidades (Veracruz, Guerrero y Jalisco) concentraron el 62% de los hallazgos, destacando el crecimiento exponencial en Veracruz e Iguala en Guerrero.
La apertura masiva de fosas clandestinas no habría sido posible sin la omisión deliberada y la complidad de autoridades corrompidas
Cuando tomó el poder Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024), de centroizquierda, hubo un incremento sostenido e histórico en los hallazgos de fosas debido tanto a la persistencia de disputas de grupos criminales (como el Cártel de Caborca en Sonora o el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato) como a la labor sistemática de los colectivos de búsqueda. Sonora, Guanajuato y Colima mostraron aumentos drásticos.
La connivencia con el poder. Uno de los aspectos más alarmantes que desprende el informe es la evidencia de la connivencia entre las organizaciones del narcotráfico y las estructuras del poder político y policial a nivel local, estatal y federal.
La apertura masiva de fosas clandestinas en regiones enteras del país no habría sido posible sin la omisión deliberada, la complicidad o la participación directa de autoridades corrompidas que blindaron las operaciones criminales frente a cualquier fiscalización.
Geográficamente, el mapa del horror se concentra en entidades federativas específicas que se han convertido en corredores estratégicos para el trasiego de drogas, armas y personas, donde la soberanía del Estado ha sido suplantada de facto por la ley del cártel.
En estos territorios, buscar a un ser querido se convirtió en una labor de riesgo extremo asumida casi en su totalidad por colectivos de madres buscadoras y familiares, ante la incapacidad o desinterés de las instituciones encargadas de procurar justicia.
