Luego de las visitas de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al papa Francisco en el Vaticano, el Sumo Pontífice se comprometió a ordenar la apertura de los archivos secretos de la Santa Sede para ayudar en la búsqueda de datos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Según informa el prestigioso portal de noticias religiosas Vatican Insider, del diario La Stampa, esto se podría considerar como una reforma legal inédita. Aunque hasta ahora, "ningún juez solicitó aún documentos al Vaticano".
La Santa Sede publicó en julio pasado un “motu proprio” (decreto papal) con el cual se aprobaron dos leyes: VIII y IX. La segunda introdujo una serie de modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de la Ciudad del Vaticano. De los numerosos cambios a la normatividad hasta entonces vigente, la prensa centró su interés en la abolición de la condena perpetua y en la tipificación del delito de abusos contra menores.
En medio de esa larga lista de modificaciones, se incluyeron apartados fundamentales para echar luz sobre la dictadura argentina. "En varios artículos cambiados se prevé una asistencia especial a la justicia. Por lo tanto, con una solicitud judicial de Argentina se puede ingresar a los archivos llamados secretos aunque en realidad son privados del Vaticano, ahí se puede obtener información sobre algún caso preciso", señaló el saliente embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero.
El diplomático hizo referencia a la Ley IX, que introdujo una nueva redacción del artículo número 636 del Código de Procedimientos Penales según el cual “A los Estados solicitantes es asegurada la más amplia asistencia judicial por cualquier investigación o procedimiento penal, en los modos y en los límites previstos por la normatividad”.
La reforma fue muy explícita al citar los motivos por los cuales el Vaticano autoriza tal asistencia. Entre ellas incluyó la de adquirir pruebas, declaraciones de personas, obtener actas, copias de documentos e informaciones. Incluso estableció que, “dentro de los límites previstos”, las autoridades pontificias competentes pueden, sin mediar una solicitud formal, “transmitir por vía diplomática informaciones en materia penal a la autoridad de un Estado extranjero, cuando consideren que dichas informaciones pueden ser útiles (...) a concluir con éxito investigaciones o procedimientos penales”.
En junio la Santa Sede aportó dos documentos en su poder relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en 1976. Se trató de una carta y un informe enviados por el propio prelado al entonces nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Laghi, pocos días antes de su muerte el 4 de agosto de aquel año. Su homicidio pretendió ser camuflado como accidente de tránsito.
Los papeles custodiados por casi 40 años en los archivos vaticanos y sacados a la luz a instancias de Francisco, se convirtieron en pruebas clave que aseguraron la condena de prisión perpetua a los militares Luciano Menéndez y Luis Estrella. Pero, más allá de ese episodio específico, los conductos diplomáticos no han procesado otras solicitudes de información de parte argentina, consignó el portal italiano.
