El primer ministro británico, Keir Starmer, informó este jueves la firma de un acuerdo con su par mauritano, Navin Ramgoolam. El mismo establece la restitución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio y sostener el funcionamiento de una base militar británico-estadounidense en una de las islas del Océano Indico. Sin embargo, la potencia europea mantendrá su presencia allí mediante un arrendamiento por al menos 99 años hacia su excolonia.
Las Islas de Chagos son una de las últimas colonias del antiguo Imperio Británico bajo control colonial desde 1814. En 1965, tres años antes de que Mauricio obtuviera su independencia, Reino Unido separó el archipiélago del territorio mauriciano.
Diego Garcia es la isla más grande del archipiélago y alberga una base naval norteamericana fundamental durante la guerra contra el terrorismo. "Hace unos momentos, firmé un acuerdo para asegurar la base conjunta de Reino Unido y Estados Unidos en (la isla de) Diego García", dijo Starmer. De esta forma, el costo del arrendamiento será de 101 millones de libras al año, según el Ministerio de Defensa.
El primer ministro de Reino Unido argumentó, en su defensa, que el acuerdo garantiza el futuro de una base que constituye “el pilar de nuestra seguridad y protección en casa”. Asimismo, afirmó que “no hay otra alternativa que actuar en interés de Reino Unido aceptando este acuerdo”.
La finalización del pacto se retrasó por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya que argumentaba que “beneficiaría a China”. Finalmente, el gobierno estadounidense, que administra la base y será quien la arrienda a los británicos, aprobó la firma del mismo.
Así, Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, defendió la decisión al explicar que “este acuerdo garantiza el funcionamiento a largo plazo, estable y eficaz de la instalación militar conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido en Diego Garcia, la cual es crucial para la seguridad regional y global”.
Contratiempo
Ambos países esperaban que la firma del convenio se efectuara este jueves por la mañana, pero el Tribunal Superior de Londres emitió una orden judicial para bloquear la resolución temporalmente tras recibir una demanda presentada por dos mujeres chagosianas, quienes fueron desalojadas de la isla para permitir la instalación de la base norteamericana, junto a otras 2.000 personas del archipiélago.
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Las mujeres, residentes en Londres, expresaron su temor de que el traspaso de soberanía a Mauricio complique aún más cualquier posibilidad de regresar a las Islas. Así, acusaron al gobierno británico de colonizador y garante se violaciones de derechos humanos por tomar la decisión sin consulta.
Julian Goose, el juez del Alto Tribunal, ordenó al gobierno británico abstenerse temporalmente de tomar cualquier “paso concluyente o legalmente vinculante para concluir sus negociaciones sobre la posible transferencia del territorio británico del Océano Índico, también conocido como el Archipiélago de Chagos, a un gobierno extranjero”.
El tratado que formaliza la cesión de soberanía se presentará al parlamento mediante la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010, que limita la facultad de los diputados para denegar la decisión.
Críticas a la decisión británica
Altos asesores del gobierno británico se mostraron reacios al acuerdo de pagar a Mauricio millones de libras al año mientras los ministros impulsan recortes a la asistencia social. Por su parte, los conservadores han criticado duramente la decisión. Kemi Badenoch argumentó que “no redunda en nuestro interés nacional ceder las islas y pagar por el privilegio de hacerlo”.
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Nigel Farage, líder de Reform UK, considera que lo óptimo es ceder la soberanía de las islas a Estados Unidos, en lugar de “corromper a Mauricio”. Y afirmó que “están claramente empeñados en ceder las Islas Chagos, sin importar los riesgos para la seguridad global ni los riesgos para nuestras limitaciones presupuestarias”.
El Juez Chamberlain declaró, luego de que se desestimará la orden judicial, que “el interés público y los intereses del Reino Unido se verían sustancialmente perjudicados por la prórroga de las medidas cautelares”.
Starmer habría señalado que las resoluciones internacionales habían puesto en duda la propiedad británica de Chagos y que solo un acuerdo con Mauricio podría garantizar que la base siga ejerciendo sus funciones.
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