Contra la resistencia inicial de la Justicia española, el gobierno de ese país autorizó el procedimiento de extradición de dos expolicías reclamados por la juez María Romilda Servini de Cubría por presuntas torturas durante la dictadura franquista.
El consejo de ministros "ha acordado continuar el procedimiento de extradición a Argentina" del exinspector Juan Antonio González Pacheco, de 67, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, informó el Ministerio de Justicia español.
Pacheco, conocido en España como "Billy el niño" y calificado por el diario El Mundo como el "inspector más temido de la policía política de Franco", es "reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidos entre 1971 y 1975", según consigna la nota oficial.
A Aguilar se lo busca por torturas, "en concreto, las que habría cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil" en la localidad vasca de Zarautz, precisó.
Alegando el principio de Justicia Universal -mismo argumento que utilizara el exjuez Baltazar Garcón en los juicios que emprendió en España contra torturadores de la última dictadura argentina- Servini abrió en 2010 una causa por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos en España durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Las asociaciones de víctimas acudieron a Argentina por las dificultades para llevar ante la justicia española las denuncias de 114.000 desapariciones forzadas durante este período, debido a una ley de amnistía de 1977.
España recibió el 18 de noviembre la petición de extradición, que incluía a otros dos expolicías, ambos fallecidos, para quienes queda extinta cualquier acción judicial.
Pendiente. Si bien la administración de Mariano Rajoy podría haber detenido el pedido en una primera instancia, evadió cualquier decisión al respecto y refirió a la Audiencia Nacional, principal instancia penal del país, para que resuelva sobre el exhorto de la jueza argentina. En septiembre, ese tribunal había considerado innecesaria la detención preventiva de los presuntos exrepresores y decidió que sólo los interrogaría al recibir la petición de extradición.
