Según informaron medios de ese país, el fiscal Pedro Martínez consideró que es competencia de la justicia ibérica porque fueron "hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles".
También dictaminó que, según la ley vigente al momento del hecho, el delito de torturas contra 13 víctimas que Servini de Cubría le imputa a González Pacheco ya habría superado el plazo de prescripción, diez años, al haber sido perpetrado entre 1971 y 1975. Tras la resolución de la Fiscalía, es el turno de la Audiencia Nacional para considerar el exhorto de la magistrada argentina, aunque no tiene fecha para expedirse.
González Pacheco fue denunciado por víctimas de la dictadura franquista por haber participado de sesiones de torturas junto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, quien también está afectado por el pedido de Servini.
A partir de los testimonios, y bajo el concepto de justicia universal, la jueza imputó a ambos por el delito de torturas, considerado como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.
