Desde Ginebra, Suiza — María Eloísa Quintero y Alex Neve, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, para seguir investigando las «nuevas detenciones políticas y falta de rendición de cuentas», del flamante Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez, le reclaman «desmantelar el aparato represivo» montado por su predecesor en 2014, Nicolás Maduro, aprehendido por Estados Unidos el 3 de enero», de modo que se pueda «avanzar hacia una reforma real en derechos humanos». (1)
Esta «Misión de Determinación de los hechos de la ONU», creada en septiembre de 2019, «señaló que durante el periodo reportado (septiembre 2025 hasta el presente) se registraron hechos de gran trascendencia y algunas acciones positivas», no obstante, «los registros e investigaciones de la misión señalan que las estructuras que durante años han sostenido la persecución no han sido desmanteladas, ni se han dado a conocer políticas estatales para comenzar dicha labor».
«Los nuevos casos de violaciones de los derechos humanos nos recuerdan que la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta», afirmó la experta María Eloísa Quintero. «No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado».
«Altos funcionarios del Gobierno y las fuerzas militares previamente identificadas por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad», señaló Alex Neve, otro miembro de la Misión. «No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia».
«La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 violó el derecho internacional. Si bien existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, ello no justifica una intervención militar legal. Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso».
«Desde el 3 de enero, la Misión ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar a la disidencia persiste bajo el Gobierno actual. Esto ocurre tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y «casas seguras».
«Acogemos con satisfacción la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso», afirmó Quintero. «Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada de las personas detenidas y de aquellas que no han sido liberadas. Pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad».
«Otras nuevas excarcelaciones han sido facilitadas por la Ley de Amnistía, adoptada el 20 de febrero. No obstante, la Misión señaló que la ley fue aprobada sin un proceso de consulta pública inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación. Existen serias preocupaciones de que, debido a limitaciones en su alcance y aplicación, la Ley de Amnistía no beneficie a un gran número de personas que han sido o continúan detenidas por motivos políticos».
«La Misión también expresó preocupación por la continua movilización de colectivos, o grupos civiles armados, así como por el hostigamiento contra figuras de la oposición y periodistas. La comunidad internacional debe mantener su atención sobre Venezuela para asegurar que la transición en el país conduzca a una genuina reforma institucional y al fin de la cultura del miedo».
«Es este también un momento crucial para las víctimas. Más de 8,7 millones de venezolanos, incluidos miles de refugiados, viven hoy fuera del país y anhelan la posibilidad de regresar. En los últimos meses, cientos de personas excarceladas o con medidas cautelares revocadas se han acercado a la Misión al considerar que existe un contexto más seguro para prestar testimonio».
«Hoy más que nunca es necesario avanzar en esta labor e identificar patrones, actores, instituciones y presuntos responsables de estas violaciones. Este trabajo puede constituir una hoja de ruta esencial para los cambios y reformas que Venezuela necesita», señaló Quintero».
«La Misión de Determinación de los Hechos es un órgano independiente, técnico y apolítico», manifestó Neve. «Una señal importante sería que las autoridades venezolanas cooperen plenamente con la Misión y le permitan acceder sin restricciones al país», añadió. La Misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026.
(1) Noticias de ONU, 12 de marzo de 2026
