La justicia española impuso hoy una fianza de 8,2 millones de euros al yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarín, en concepto de "responsabilidad civil". El exdeportista vasco y su exsocio, Diego Torres, están imputados en una trama de corrupción, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos en el marco del denominado "Caso Palma-Arena", que significó uno de los más grandes golpes a la Monarquía Española en las últimas décadas.
Según explica la agencia de noticias AP, la "fianza civil no se usa para eludir el ingreso en prisión, sino para cubrir responsabilidades derivadas de una posible condena". El dinero deberá ser abonado en el plazo de cinco días y, de no poder hacerlo, el juzgado embargará bienes y propiedades de los dos implicados hasta satisfacer el monto.
La Justicia sostiene que el yerno del rey Juan Carlos se benefició de su parentesco con el Jefe de Estado para acceder a subsidios públicos por valor de 10 millones de dólares para su Instituto Nóos, formado originalmente como una ONG pero que terminó siendo administrado por Urdangarín como una empresa privada.
Gran parte de los fondos utilizados por Nóos provenían de otra empresa privada, Aizón, que compartía con su esposa, la infanta Cristina. Mediante este entramado de negocios, Urdangarín desvió fondos de los gobiernos Balear y Valenciano a paraísos fiscales y otras empresas.
Semanas atrás, Urdangarín envió una declaración escrita al juez que investiga el caso para intentar evitar la fianza, diciendo que los contratos que firmó su Instituto con diferentes entidades públicas -relacionados principalmente con la organización de actos relacionados con el deporte y el turismo- fueron transparentes, y que no cometió delito alguno. Urdangarín afirmaba además que ocupó una mera "función representativa" en una institución que, según las investigaciones, desvió dinero público entre 2004 y 2007.
A pesar de que el socio de Urdangarín enfrenta cargos judiciales, el yerno del rey -que tiene el título de Duque de Palma desde su matrimonio, está imputado y bajo investigación, pero no fue arrestado ni fue acusado formalmente de delito alguno. En febrero del 2012, Urdangarín se declaró inocente ante el juzgado en Palma y desvinculó a su esposa, la infanta Cristina de Borbón, y al rey Juan Carlos, de los negocios turbios que le imputan.
Sin embargo, pese a que la Casa Real Española se distanció con el duque de Palma, y admitió que en varias ocasiones el rey Juan Carlos y sus funcionarios advirtieron a Urdangarín sobre sus negocios fraudulentos, el "Caso Nóos" hirió considerablemente la imagen de la familia real.
Para marcar distancias, el rey decidió apartar a su yerno de todos los actos oficiales y lo "eliminó" de la página de Internet real. Un año atrás, en su discurso navideño, Juan Carlos de Borbón afirmó que "ningún español está fuera de la ley", en una clara referencia a su yerno. Esto, sin embargo, no alcanzó para levantar el prestigio de la monarquía, criticada por sus actividades poco transparentes en una época en que España vive el flagelo del desempleo, recortes presupuestarios y suba de impuestos.
La multimillonaria fianza se fijó un día después de informarse que el secretario personal de las hijas del rey, Carlos García Revenga, también será investigado por su relación con esta trama, y deberá responder acerca de las funciones que desempeñaba como "tesorero" de la fundación de Urdangarín. Esta nueva implicación podría significar nuevos -e incluso más graves- problemas para la Casa Real Española.
(*) Especial para Perfil.com
