Un proyecto para anular una ley que evitó investigar violaciones a los derechos humanos en la última dictadura uruguaya (1973-1985) fracasó en la madrugada del viernes, luego que el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) no lograra la mayoría necesaria por la rebeldía de un diputado.
Luego de varios meses de debate y en una sesión considerada histórica, la Cámara de Diputados perdió anoche una importante oportunidad para dejar sin efecto la denominada Ley de Caducidad. El tratamiento del proyecto dependía de la voluntad de un solo hombre: el diputado Víctor Semproni.
Tal como había anticipado, Semproni se retiró de la sala sin prestar quórum. El diputado ya había anticipado su posición contraria a la iniciativa luego que el presidente José Mujica rechazara el proyecto de anulación advirtiendo que se "le está pasando por arriba a dos plebiscitos" y que si se aprueba la anulación el partido va a sufrir "costos importantes".
La votación tuvo lugar un día antes de la anual Marcha del Silencio, en reclamo de saber el destino de los desaparecidos durante la dictadura. La votación del proyecto de ley en marzo en el Senado provocó la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro.
Quienes cuestionaron la propuesta de anulación -dentro del FA y en la oposición- sostienen que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que fueron derrotados en las urnas.
En un reciente plenario nacional del oficialismo se encomendó a sus legisladores que anulen la cuestionada Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar.
Mujica defendió entonces que los familiares de desaparecidos en la dictadura sigan reclamando saber el destino de sus familiares porque "de todas las llagas del pasado esa es la peor" y sostuvo que esta información "debe estar en la cabeza de algunos de los mandos de los oficiales superiores retirados de las Fuerzas Armadas que nunca han buscado la forma de que esa información llegue".
El proyecto de anulación había sido impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia local indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambas dictaduras en el marco del Plan Cóndor.
