A sus 72 años, Gisèle Pelicot atraviesa nuevas pruebas médicas para descartar un cáncer de cuello uterino mientras enfrenta las secuelas de casi una década de violaciones sufridas bajo sumisión química. La semana pasada regresó a un tribunal en Nîmes, en el sur de Francia, para presenciar la apelación de uno de sus agresores. El resultado: la justicia elevó de nueve a diez años la condena de Husamettin Dogan, uno de los 51 hombres sentenciados por violarla.
Entre 2011 y 2020, Gisèle fue drogada por su exmarido Dominique Pelicot, que la dejaba inconsciente para entregarla a decenas de hombres contactados por internet. Hoy se debe realizar estudios médicos constantes. La sospecha está vinculada a las infecciones de transmisión sexual que le dejaron los abusos: tras la detención de su exmarido en 2020, los médicos confirmaron que había contraído virus del papiloma humano (VPH), clamidia, gonorrea y herpes genital. A esto se suma que uno de los agresores es portador de VIH, aunque no se comprobó que ella lo haya adquirido.
Nueva victoria de Gisèle Pelicot: la Corte rechazó la apelación y aumentó la pena a su agresor
En la audiencia más reciente, Gisèle reveló que atraviesa nuevos estudios médicos para descartar un cáncer. “Tengo que hacerme una biopsia del cuello uterino. Creemos que son células cancerosas”, dijo ante el tribunal.
El VPH es la principal causa del cáncer cervical y se transmite en relaciones sexuales sin protección. En su caso, varios de los agresores no usaron preservativo, algo que, según se probó en el juicio, su exesposo sabía y permitió. Por eso, hoy las revisiones ginecológicas periódicas son clave para detectar a tiempo cualquier lesión que pueda derivar en cáncer.
Durante el juicio celebrado en Aviñón en 2024, Gisèle decidió renunciar a su derecho al anonimato para que el proceso se desarrollara de forma pública. En diciembre de ese año, el tribunal condenó a los imputados por delitos de violación agravada, agresión sexual o administración de sustancias, con penas que fueron de 3 a 15 años de prisión. Su exmarido, Dominique Pelicot, recibió la condena máxima de 20 años, que aceptó sin presentar apelación.

Uno de ellos es Jean-Pierre M, de 63 años, quien además de participar en los ataques contra Gisèle fue juzgado por replicar el mismo modus operandi con su propia esposa, suministrándole drogas para abusarla con la cooperación de Dominique.
La sumisión química como método de abuso
Los síntomas que padecía Gisèle —cansancio extremo, confusión y lagunas mentales— llevaron a ella y a sus hijos a pensar que podía tratarse de Alzheimer o de un tumor cerebral. Ningún estudio médico logró explicar lo que ocurría hasta que en 2020 se descubrió la verdadera causa: una década de abusos facilitados por la sumisión química.
Esta práctica, que consiste en administrar sustancias psicoactivas como ansiolíticos o somníferos para impedir que la víctima reaccione, está reconocida como una modalidad recurrente de violencia sexual. En España, un estudio del Instituto Nacional de Toxicología reveló que una de cada tres agresiones sexuales estaría asociada a sumisión química, y en el 72% de los análisis realizados se encontraron rastros de drogas.

Gisèle ha reclamado que la vergüenza cambie de bando: que los agresores sean expuestos, las víctimas reciban respaldo y que el consentimiento vuelva a discutirse como pilar central en el derecho sexual. Además, ha llamado la atención sobre el papel del sistema sanitario: que los médicos estén atentos ante síntomas como fatiga persistente, lagunas de memoria o cambios cognitivos sin explicación aparente, indicios que -en víctimas de abuso- podrían apuntar a secuelas de sumisión química o daño orgánico silente.
Desde su equipo legal, abogados como Antoine Camus han insistido en que casos como el suyo evidencian lo complejo que es probar una violación cuando la víctima estaba inconsciente o con memoria fragmentada. Para ellos, visibilizar la sumisión química no es solo una batalla jurídica, sino un paso necesario para que la medicina, la legislación y el acompañamiento psicosocial converjan en mecanismos verdaderamente protectores para las víctimas.
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