La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, encabezada por el dirigente social Juan Grabois, presentó este viernes 29 de noviembre, desde El Alto, en Bolivia, un reporte parcial, con conclusiones demoledoras, en base a los testimonios recogidos en sus 12 horas iniciales de trabajo de campo. Asimismo, demandaron a la Cancillería y a la embajada argentina en La Paz que garanticen su seguridad cuando emprendan el retorno este sábado al país.
En una conferencia de prensa desde la Iglesia San Francisco de Asís, donde se reunieron con víctimas y sus familiares, los cuarenta miembros del equipo de organizaciones sociales aseguraron que “existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata como consecuencia del actuar represivo de las FF.SS. y FF.AA. y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”.
"Que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo", nos amenaza Arturo Murillo, Ministro del Gobierno de facto. Si esto no es una dictadura ¿Qué es? Solicitamos al gobierno argentino que interceda ante las autoridades bolivianas para resguardar nuestra seguridad pic.twitter.com/4lT0cZhvQA
— Juan Grabois (@JuanGrabois) November 29, 2019Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
A lo largo de veinte puntos, el primer reporte señala la ausencia total del Estado para brindar respuestas a los parientes de los muertos y heridos, así como para garantizar la atención sanitaria en aquellos hospitales donde ingresaron lesionados con balas en las jornadas posteriores al golpe de Estado. Incluso señalan que algunas instituciones de salud reclaman a las familias “el pago de los insumos y de la atención sanitarias, de personas finalmente fallecidos”.
Asimismo, denuncian persecuciones políticas, detenciones arbitrarias con pruebas falsas, investigaciones que no avanzan y amenazas a los abogados particulares “incompatible con establecer un acuerdo de paz para restablecer la democracia”. Más terrible todavía, las primeras denuncias, que todavía deben ser contrastadas, explican en la delegación, citan presuntos casos de torturas y ataques sexuales.
“No alcanzan las palabras para describir el sufrimiento, el dolor, la pena y las grandes calamidades que hoy golpean especialmente a determinados sectores del hermano pueblo boliviano, fundamentalmente mujeres, campesinos e indígenas”, concluyó la delegación argentina.
Antes de emprender este domingo el regreso, la delegación presentará una segunda versión del informe, con más denuncias, para sistematizarlo luego en una edición que presentarán en15 días ante instancias defensoras de los Derechos Humanos, argentinas e internacionales. Lo que pretenden es generar “soluciones más inmediatas” en materia de reparación económica, jurídica, habitacional y terapéutica.
A su llegada a Santa Cruz de la Sierra para conectar con el vuelo rumbo a El Alto, catorce miembros de la comitiva fueron separados por la policía local sin mayores explicaciones al cónsul argentino que intercedió. Luego fueron increpados por civiles sin identificación. Est viernes, demandaron a la Cancillería que intervenga para garantizar su regreso a salvo y consiguieron el compromiso de que les “darán una mano” para evitar nuevos episodios de violencia.
