Según datos de la Defensoría del Pueblo analizados por Human Rights Watch (HRW), al menos 1.500 menores fueron reclutados a través de plataformas digitales desde 2021, con un fuerte incremento a partir de 2023. Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo concentran la mayoría de los casos, mientras que más de la mitad se registraron en el departamento del Cauca.
Entre 2020 y 2025, los datos muestran que la edad más frecuente de captación de jóvenes se ubicó entre los 15 y 16 años. Según la Defensoría, el 60% de los casos corresponde a varones y el 40% a niñas, aunque la participación de estas últimas viene en aumento.
Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Huila, Antioquia, Vaupés, Arauca y Putumayo.
Casi la mitad de los casos documentados responden a niños indígenas, aunque los pueblos originarios representan apenas el 4% de la población, lo que pone en riesgo la supervivencia cultural de comunidades enteras.
Además, más del 30% tenía entre 10 y 14 años, una franja etaria en la que el reclutamiento y la utilización de menores pueden constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Estas organizaciones criminales, aprovechan la situación de pobreza, exclusión social, violencia doméstica y las barreras en el acceso a la educación, para ofrecer dinero, poder y prestigio a cambio. También usan intermediarios civiles a los que se les paga hasta US$1.000 por menor.
“Me reclutaron mientras estudiaba. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá.”, dice una niña de 16 años, cuyo testimonio da título al informe de HRW.
Una vez captados, los menores son utilizados principalmente para combate, inteligencia y operación de drones, pero también como informantes, mensajeros y vigilancia de rehenes, mientras que las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual.
En las últimas décadas, internet y las redes sociales han modificado la forma de cooptación de menores para su vinculación con estructuras criminales como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
El documento de HRW detalla que los reclutadores utilizan estrategias diseñadas a partir de técnicas de marketing digital para llamar la atención de menores en situación de vulnerabilidad.
Reels, lives y carruseles documentan la ostentación de joyas y relojes de alto valor, la exhibición de fajos de billetes y la invitación a formar parte del negocio de la mafia. Los videos dan la ilusión de acceso a dinero fácil a través del cual lograr un posicionamiento social privilegiado. Esta promesa actúa como un imán para algunos jóvenes en un contexto de incertidumbre.
Frente a estos hallazgos, HRW notificó directamente a Meta, matriz de Facebook, y ByteDance, propietaria de TikTok. Ambas compañías respondieron que sus políticas internas prohíben este tipo de contenidos y aseguraron haber eliminado los perfiles y publicaciones identificados tras recibir la advertencia. Aunque expertos indican que es insuficiente.
El acuerdo de paz de 2016 desmovilizó a las FARC, pero no puso fin a la presencia de grupos armados en el país.