AFP/ANSA
Lima
La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) peruana volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo que llegó a involucrar el espionaje de familiares y funcionarios del presidente del país, Ollanta Humala. La oficina, que ya se encontraba cerrada hace más de un mes, ahora se queda sin cúpula. La primera ministra de Perú, Ana Jara, anunció el relevo de su plana mayor.
Esta vez, la dependencia, además de recopilar información de políticos, periodistas y otras personalidades públicas, llegó un poco más lejos: rastreó las propiedades que están a nombre de los hermanos del presidente, Ulises, Antauro y Alexis Humala, según denunció el jueves la revista local Correo Semanal.
Otros integrantes de la familia Humala que figuran en la lista de la DINI son los primos del jefe de Estado, la abogada Liliana Humala y el músico Walter Humala. Asimismo, también se investigaron las propiedades de cinco personas que se apellidan Heredia, pero que no se tiene certeza de que sean familiares de la primera dama y titular del Partido Nacionalista, Nadine Heredia.
Tampoco se salvaron de ser rastreados los aliados de Humala, el ex presidente Alejandro Toledo y el escritor Mario Vargas Llosa, quienes respaldaron su candidatura en la segunda vuelta electoral de 2011, en la que derrotó a Keiko Fujimori.
La mayoría de las búsquedas, afirma la publicación, fueron realizadas por el agente Rosendo Francisco Chávez Rojas en Registros Públicos que datan de 2012, un año después del inicio del presente gobierno. A este hombre se lo incluirá en el pedido de investigación a la Fiscalía.
La presidenta del Consejo de Ministros rechazó que el gobierno peruano hubiera ordenado a los servicios de inteligencia estas investigaciones y su decisión afecta al director ejecutivo de la DINI, Iván Kamisaki; al director de Contrainteligencia, Mauro Castañeda; y al director nacional de Inteligencia, Javier Briceño. “Tenemos que saber quién ordenó ese tipo de información y quién es el beneficiario”, añadió Jara.
La semana pasada, además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú decidió retirar a su embajador en Chile, como señal de alarma ante la denuncia del gobierno peruano en la que le pedían al gobierno de Bachelet que investigara el presunto caso de espionaje atribuido a tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú por enviar información confidencial a militares chilenos.
Esta denuncia también tiene antecedentes: en noviembre de 2009 Perú denunció que un agente de su Fuerza Aérea trabajaba como espía a favor de Chile, en momentos en que ambos países mantenían un diferendo marítimo que fue resuelto en enero de 2014 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Chile negó el hecho en ese momento. La DINI se encuentra actualmente fuera de funcionamiento desde el 1 de marzo por decreto supremo del presidente, quien ordenó desactivarla durante 180 días para someterla a una reestructuración por las denuncias de espionaje y seguimiento a políticos y personajes opositores a la política del gobierno, que incluía a la propia vicepresidenta, Marisol Espinoza, distanciada del gobierno.
