Indignación en México por la supuesta muerte de ‘los 43’

agencias
Ciudad de México

México amaneció ayer horrorizado por la supuesta muerte de los 43 estudiantes desaparecidos hace un mes y medio en Iguala, confesada por tres sicarios del cártel narco Guerreros Unidos, que declararon haber ejecutado a los jóvenes en un basural y luego haber quemado sus restos antes de arrojarlos al río en bolsas.
La Fiscalía General, que encabeza la investigación, difundió la confesión de los delincuentes y dio por cierta la información que éstos entregaron. Sin embargo, las familias de las víctimas desconfían de la respuesta ofrecida por el Estado y reclaman continuar con la búsqueda hasta que haya pruebas concretas de su presunta muerte.

En tanto, movimientos sociales y organismos defensores de derechos humanos convocaron ayer a una masiva movilización en la capital del país para repudiar la deficiente reacción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los expertos afirman que la administración federal demoró excesivamente en intervenir en el caso, dejando la crucial investigación durante la primera semana en manos del gobierno local, que actuó con negligencia.

Al cierre de esta edición, miles de mexicanos se daban cita en la Ciudad de México bajo el lema “¡Ayotzinapa vive! El Estado ha muerto”. La marcha partiría desde las puertas de la Fiscalía mexicana, donde el viernes el fiscal general, Jesús Murillo, aseguró que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado para no dejar rastros. Murillo aseveró que, hasta que no se identifiquen los cuerpos, los jóvenes seguirán considerándose desaparecidos.

Aun así, los padres de las víctimas rechazaron la respuesta de las autoridades. “Parece que al gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero”, manifestó un vocero de las familias.
El crimen ha sido calificado por Human Rights Watch como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, y ha desatado la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder, en 2012. Hasta ahora, la Fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que comenzó la violenta noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayot-zinapa por orden del alcalde, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa, hermana de narcos.

“Es un crimen de Estado”

El anuncio del fiscal general de México acerca de que los 43 estudiantes desaparecidos habrían sido ejecutados no reconoce que se trata de un “crimen de Estado”, lamentó ayer Amnistía Internacional (AI). La organización defensora de los derechos humanos indicó en un comunicado que las líneas de investigación de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en relación con los hechos del 26 de septiembre en el municipio de Iguala “han sido limitadas e incompletas”.

Asimismo, Amnistía criticó que en este caso haya “funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los derechos humanos”.