Carlos Osorio vive de y para los archivos. Nacido en Chile y con larga residencia en los Estados Unidos, este especialista en documentos secretos estadounidenses sobre Latinoamérica es el director del Proyecto Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional (NSA), una institución no gubernamental con sede en la Universidad George Washington que se dedica a sacar a la luz papeles confidenciales acumulados durante décadas por los distintos gobiernos. En los próximos meses, Osorio oficiará de “curador” y difusor de los archivos sobre la última dictadura argentina que Barack Obama prometió desclasificar.
A través de la Ley de Libre Acceso a la Información, el NSA ya promovió la liberación de más de diez millones de páginas de documentos reservados, y construyó el mayor repositorio no estatal de archivos públicos desclasificados en los Estados Unidos. Entre 2000 y 2002, Osorio trabajó en el proceso de desclasificación de 4.700 documentos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, que la entonces secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, ordenó hacer públicos tras un reclamo de organismos argentinos de Derechos Humanos.
Durante aquella experiencia pionera, Osorio fue el nexo entre el Estado y diversos actores de la sociedad civil y la Justicia que requirieron los archivos. Con acceso directo a miles de documentos, se ocupó de agruparlos, jerarquizarlos, analizarlos, difundirlos e integrarlos a las causas judiciales vigentes por crímenes de lesa humanidad. Actualmente colabora con jueces, ONG y familiares de víctimas. Cuando se ponga en marcha la nueva apertura anunciada por Obama, Osorio volverá a prestar asesoría para la desclasificación, que esta vez también alcanzaría a las agencias de seguridad estadounidenses.
En diálogo con PERFIL, el especialista advirtió que una desclasificación de esta naturaleza es siempre “selectiva” y depende del “viento político” que sopla en cada proceso.
—¿Cómo es el vínculo entre el NSA y el Estado?
—Depende del tema. Si trabajamos sobre algo que molesta al gobierno, nos limitan y obstaculizan. Pero a veces tenemos objetivos comunes, como ocurrió con la desclasificación sobre Argentina en el año 2000, que impulsó Albright por pedido de los organismos argentinos. Esos documentos se introdujeron como evidencia en una docena de causas judiciales.
—¿Cómo será la cadena de pasos hasta que se concrete lo que prometió Obama?
—El Consejo de Seguridad Nacional tomó la “batuta” en esto y llamará a las agencias de seguridad para que desclasifiquen. Entonces se formará un equipo interagencias en el Consejo para definir objetivos, metas de tiempo, fondos documentales. Eso debería ser pronto. Después, el trabajo en sí puede durar unos ocho meses, pero luego se prolongará según las reticencias que impongan las agencias de inteligencia. Así sucedió con la desclasificación de Chile. También depende de que el próximo gobierno mantenga o no el impulso al tema.
—¿El proceso podría estancarse si, por ejemplo, Trump ganara las elecciones?
—Frenarlo tendría un alto costo político. Por suerte existe el precedente de que, en la desclasificación anterior, el proceso lo comenzó Clinton y lo terminó Bush.
—El gobierno argentino dijo que podría tardarse cerca de un año y medio. ¿Es correcto?
—Es muy probable que se tarde más de un año.
—¿De qué naturaleza son los archivos que podrán desclasificarse?
—Estados Unidos tiene representantes de las agencias de inteligencia en otros países. Entre los archivos hay, por ejemplo, cables regulares de la CIA que eran reportes de información de esos agentes sobre temas coyunturales. En desclasificaciones anteriores, como la de Chile, documentos de ese tipo sirvieron para dar un marco férreo a testimonios sobre desapariciones, así como para corroborar acciones de coordinación represiva entre las dictaduras de la región. Aportan información sobre estructuras, operaciones, cadenas de mando. Ahora bien, hay que ser claro: no se puede esperar que esclarezcan cientos o miles de casos de desapariciones. Pero sí que aporten información concreta sobre casos puntuales, lo cual es valiosísimo.
—¿Qué dirán los archivos sobre el vínculo entre EE.UU. y la dictadura argentina?
—Depende de la voluntad política. Vamos a empujar para que se esclarezca hasta dónde llegaba el “guiño” de Washington: ¿era sólo aplaudir lo que se estaba haciendo, o se prestaba apoyo concreto?
—¿Entonces la desclasificación será selectiva?
—Sí, la selectividad es a priori porque la ley establece que hay áreas de información que no deben ser reveladas. Una vez que se revisan todos los fondos documentales, se revisan los documentos uno por uno y se decide cuáles publicar, cuáles no y cuáles publicar tachados. Los revisores reciben instrucciones de funcionarios políticos que deciden si ser más o menos abiertos en la desclasificación. Aquí hay otra cuestión: la CIA puede reclamar que no se toquen archivos sensibles de operaciones. Eso siempre ha sido un escollo, por ejemplo, en el caso de Chile. Son archivos riquísimos. Veremos qué actitud se adopta ahora. El resultado final dependerá del viento político y de la voluntad para proveer información más o menos jugosa.
—¿Qué es lo que suele tacharse en los archivos?
—Información que pueda afectar a la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas y cuestiones de defensa e inteligencia. Además, se preservan datos relativos a la privacidad de las personas. Con respecto a la parte diplomática, es muy importante que Mauricio Macri haya pedido la desclasificación, para que no haya resquemores a la hora de liberar información sobre actuaciones del lado argentino.
—¿Podría haber información sobre la acción represiva durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón?
—Depende de los lineamientos del equipo interagencias en el Consejo. Desde el NSA empujaremos para que se abarque hasta 1975.
—¿Por qué cree que se tardó tantos años en comenzar este proceso?
—Es cuestión de oportunidades políticas. Esta petición se viene conversando desde hace años, pero el problema principal han sido las malas relaciones entre los Estados Unidos y Argentina durante los últimos doce años. No estaban dadas las condiciones. Ahora, Obama aprovecha el acercamiento con Macri, y de paso extiende la mano a un actor muy significativo en la Argentina como los organismos de Derechos Humanos.
