La dictadura militar de Myanmar condenó a Aung San Suu Kyi a 5 años de prisión por corrupción
La expresidenta y premio Nobel de la Paz enfrentó un cuestionado juicio sin testigos y a puertas cerradas. Desde que fue derrocada en febrero de 2021 acumula 18 causas impulsadas por tribunales militares.
La jefa de facto del gobierno y Premio Nobel, Aung San Suu Kyi. |
AFP
Un tribunal de la dictadura militar que gobierna Myanmar condenó a la expresidenta Aung San Suu Kyi a cinco años de prisiónporcorrupción, en un juicio a puertas cerradas y sin testigos, pese al reclamo de organismos de derechos humanos y la condena internacional.
La premio Nobel de la Paz, detenida a pocas horas del golpe de estado que derrocó su gobierno constitucional, acumula una nueva sentencia en el marco de numerosas acusaciones en su contra que podrían suponer una pena conjunta de casi dos siglos tras las rejas en caso de ser condenada.
Qué dice el nuevo fallo contra Suu Kyi por un caso de corrupción
La sentencia de este miércoles 27 de septiembre contra la líder de 76 años refiere a un caso de corrupción por el que se la acusó de aceptar un soborno de 600 mil dólares en efectivo y 11,4 kilos de oro de manos del ex gobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre en contra de Suu Kyi.
La misma se suma a las ya efectuadas por la justicia del gobierno de facto de la ex Birmania, dado que la justicia la había encontrado culpable en las causas relativas a la "incitación contra los militares, violar las reglas contra el Covid-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones", por lo que fue condenada a 6 años de cárcel.
Después de dos días de retrasos, un tribunal especial en la capital construida por la dictadura militar, Naipyidó, divulgó su veredicto y la sentencia a las 9 y media de la mañana (hora local) del miércoles. "En relación con aceptar oro y dólares de U Phyo Min Thein, la corte la sentencia a cinco años de prisión", dijo a AFP el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, quien consignó que la mujer permanecerá bajo arresto domiciliario.
Según los medios locales, Suu Kyi apelará esta condena en medio de un contexto de censura mediática por lo que los periodistas no pueden acceder a a los juicios contra la exmandataria ni hablar con sus abogados, de los pocos que pueden contactar a la líder detenida en un sitio no revelado de la histórica capital Rangún.
Su sentencia le impediría participar de las elecciones que la junta militar dice que celebrará el próximo año. Además, todavía resta la resolución del resto de los 18 delitos que se le imputan a Suu Kyi, que incluyen la violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, que, de ser hallada culpable, pueden acarrear una condena acumulada de casi doscientos años de cárcel.
El golpe de estado en Myanmar desató protestas que fueron reprimidas por los miltares.
"Destruir la democracia birmana significa, en primer lugar, deshacerse de ella, la junta no dejará nada al azar", señaló Phil Robertson, director adjunto de la sección de Asia de la oenegé Human Rights Watch. Por otro lado, muchos aliados políticos de Suu Kyi también han sido detenidos desde el golpe, incluyendo un jefe de ministros sentenciado a 75 años de prisión.
El golpe de estado en Myanmar
El golpe de estado contra el gobierno de Suu Kyi ocurrió el 1 de febrero de 2021 e interrumpió el breve lapso democrático (2011-2021) del país del sudeste asiático tras dos décadas de dictadura militar. Su derrocamiento generó protestas y revueltas en todo el país situado en el sudeste asiático, que los militares reprimieron por la fuerza dejando un saldo de 1.700 muertos y más de 13 mil detenidos, según el conteo de oenegés locales.
Suu Kyi fue la cara visible las esperanzas democráticas de Myanmar - ex Birmania- durante más de 30 años, pero su imagen quedó muy afectada por su incapacidad de defender a la minoría musulmana de los rohinyás, duramente reprimida.
El tumulto que vive Birmania desde el golpe ha espantado a los inversionistas extranjeros, quienes llegaron al país en 2011 durante el inicio de la democracia, y reconocidas empresas de industrias pesadas ya anunciaron su retiro del país.
