La Justicia argentina investigará el genocidio del pueblo rohingya, atribuido a las autoridades de Birmania. La Organización Rohingya Birmana de Reino Unido (BROUK) sostuvo que se investigará a las Fuerzas Armadas birmanas y a sus altos mandos, incluido el máximo responsable militar birmano y primer ministro autoproclamado, Min Aung Hlaing, quien asumió el poder en el golpe de Estado del 1 de febrero.
La decisión, valorada como "histórica", se basa en la aplicación del principio de jurisdicción universal. "La Justicia argentina ha dado un paso histórico al abrir una investigación judicial contra los militares birmanos (...) por el genocidio en marcha contra los rohingyas", dijo en un comunicado la BROUK, que solicitó esta investigación en noviembre de 2019.
El 26 de noviembre, la Cámara Segunda del Tribunal Penal Federal con sede en Buenos Aires confirmó la apertura de una investigación contra los altos cargos de Birmania, bajo el principio de la jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a la resolución de apertura de la investigación, "la gravedad de los hechos y la violación de las normas del 'ius cogens' permiten que esos hechos sean investigados en nuestro país".
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La denuncia por la violencia contra el pueblo rohingya
La investigación recopila los crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades de Birmania. Los rohingya están ubicados en el estado de Rakhine, reclamado por Pakistán cuando Bangladesh formaba también parte de ese país.
En 1982, el gobierno militar reconoció a 135 minorías étnicas con derecho a la ciudadanía: los rohingya fueron excluidos por considerarlos proclives por su religión a favorecer la secesión para unirse a Bangladesh. Los militares burmeses consideran que representan a la nación y que son custodios de la unidad y nunca aceptarían la división para entregárselo a los rohingya u otro grupo.
El último éxodo rohingya comenzó en 2017, cuando más de un millón de miembros de esta minoría musulmana huyeron de Rakhine ante una ofensiva militar birmana. El 25 de agosto de ese año, el ejército birmano comenzó una ola de ataques violentos contra esta comunidad: asesinatos, torturas, violaciones contra mujeres y niños y la quema de viviendas.
Según los militares, se trató de una operación en respuesta a una serie de agresiones de un grupo rebelde rohingya en la región de Rakhine, en el oeste de Myanmar.
La denuncia de la ROUK incluye seis casos concretos de mujeres que fueron violadas, torturadas y cuyos maridos e hijos fueron asesinados durante la ofensiva del Ejército birmano. Asimismo, alega que los rohingyas que siguen viviendo en Rakhine están en un "sistema de opresión" y control de las autoridades que limitan su libertad de movimiento y acceso a la educación y la sanidad.
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En 2018, investigadores de Naciones Unidas concluyeron que la campaña militar tuvo intención genocida al tomar en cuenta, entre otras razones, al lenguaje utilizado por las autoridades, la existencia de planes y políticas discriminatorias y de destrucción y la brutalidad de la campaña militar.
"Los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio en otros contextos", dijo la ONU en un informe a fines de agosto de ese año.
Tras la denuncia, la Justicia argentina abrió un canal de comunicación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para garantizar la complementariedad de su investigación con respecto al propio proceso abierto por el TPI sobre crímenes en Birmania.
La investigación del TPI se limita a los crímenes cometidos en territorio bangladeshí, mientras que Argentina se centra en los crímenes cometidos en Birmania contra los rohingyas.
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En nuestro país, la BROUK tiene el respaldo de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo y la Fundación por la Paz y la Justicia, creada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Tomás Ojea Quintana, abogado de los denunciantes, señaló: "Estamos buscando resultados concretos de rendición de cuenta y sentencias contra quienes participaron directa o indirectamente en el genocidio", dijo al Financial Times. Y agregó: "Queremos identificar con nombres y apellidos a los responsables y llevar a esas personas ante la Justicia en Argentina".
Por su parte, el presidente de la BROUK, Tun Khin, manifestó: "Este es un día de esperanza no solo para nosotros los rohingyas, sino para todos los pueblos oprimidos”.
Kin destacó que “la decisión de Argentina demuestra que no hay ningún lugar en el que se puedan esconder quienes hayan cometido genocidio” y que el mundo “está firmemente unido contra estos crímenes abominables".
ag / ds
