En paralelo al reconocimiento de las negociaciones con Estados Unidos, el gobierno de Cuba anunció que liberará a 51 detenidos en los próximos días, en lo que describió como un gesto realizado en “el espíritu de buena voluntad y de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.
La información oficial no menciona los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron condenados. Según el comunicado, se trata de prisioneros que ya han cumplido “una parte significativa de la pena” y que han mantenido “buena conducta” durante su detención.
Consultado sobre la medida, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que la decisión fue adoptada de manera soberana por el gobierno cubano. “Lo decidimos nosotros soberanamente”, afirmó durante una conferencia de prensa, saliendo al cruce de las versiones que indican que la medida es producto de la presión de Washington.
El mandatario destacó además que no es la primera vez que el país concede beneficios penitenciarios antes del cumplimiento total de las condenas.
Díaz-Canel señaló que el sistema legal cubano contempla reducciones o beneficios para los reclusos que mantienen una conducta adecuada durante el cumplimiento de la pena. En ese sentido, sostuvo que la decisión reconoce a quienes cumplen con esos requisitos establecidos por la normativa vigente.
El presidente también anticipó críticas a la medida y advirtió sobre posibles interpretaciones externas. “Como siempre, ahora vendrá la intoxicación mediática y la distorsión de la realidad”, dijo. “Pero hemos tomado una decisión soberana y ahí está”, apuntó.
Antecedentes. En 2015, tras el “deshielo” de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el gobierno liberó a 53 presos. Ese mismo año también excarceló a más de 3500 personas antes de la visita del papa Francisco a la isla, aunque sectores de la oposición señalaron entonces que entre los beneficiados no había presos políticos.
La ONG Justicia 11J, que monitorea detenciones en Cuba desde 2021, sostiene que actualmente hay al menos 760 personas encarceladas por expresar su disidencia con el régimen o por haber participado en las protestas contra la crisis económica y los apagones.
La organización advirtió además que “las autoridades no precisan cuándo comenzarán las liberaciones ni cuáles serán las personas beneficiadas”, pese a los reclamos permanente de los familiares.
