Si algo le faltaba a la laberíntica trama judicial que involucra al yerno del rey de España es que apareciera el nombre de la infanta Cristina, hija del propio monarca y esposa del controvertido Iñaki Urdangarín. La noticia fue revelada este jueves por el diario El Mundo: Doña Cristina de Borbón y Grecia embolsó 571.000 euros durante tres años después de invertir el mínimo exigido por ley: 1.503 euros.
Iñaki Urdangarín y su esposa constituyeron la empresa promotora inmobiliaria Aizoon el 11 de febrero del año 2003 invirtiendo el mínimo posible: 3.006 euros. Cuatro años más tarde, la Declaración Jurada presentada por la infanta reflejó exitosos resultados inmobiliarios para los Urdangarín-Borbón: 1.145.000 euros de los que la mitad correspondían a la hija del rey.
La infanta y Urdangarín utilizaron el dinero recabado por Aizoon para sus gastos personales. “Vino, comida japonesa, flores, entradas para espectáculo... etc: una larga lista de gastos con un dinero, presuntamente obtenido de forma fraudulenta”, dice el diario La Voz Libre. A esta lista agregan pasajes de tren y avión, alquiler de automóviles y el acondicionamiento del palacio de Pedralbes, su residencia en Barcelona hasta el 2009.
Según El Mundo, Aizonn se convirtió rápidamente en una “máquina de hacer dinero”. El entramado es complicado. La Fiscalía Anticorrupción de Palma, encargada de la investigación, dice que Aizoon se comportó como una empresa instrumental del Instituto Nóos, mediante el cual Urdangarín habría logrado reunir, de una manera todavía presuntamente ilegal, dinero de los fondos públicos de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Alcalá de Henares.
Según los investigadores, el 95% de lo recaudado por Aizoon provino de los millonarios contratos fraudulentos firmados por el Instituto Nóos. Contratos que involucraron al gobierno de la Comunidad de Valencia y el de las Islas Baleares, que entregaron unos 7 millones de euros a Nóos para la organización de eventos deportivos y culturales.
Los informes de la Fiscalía indican que el 5 por ciento restante de los beneficios de Aizoon habría llegado de Nóos Consultoría Estratégica, otra de las empresas instrumentales creadas por el yerno del rey por su socio, Diego Torres. Fue entonces (año 2006) cuando el jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, tomó cartas en el asunto y presionó a Urdangarín para que abandonara sus actividades empresariales.
El asunto es grave de llegarse a demostrar que la hija del jefe de Estado español fue partícipe de los delitos que se le imputan a su marido. El director del programa de radio español, Federico Jiménez Losantos afirma que la infanta ya no puede ir a ningún sitio en España: “La Infanta y Urdangarín tienen que devolver el dinero, no puede ser que una parte de la Familia Real no puede salir a la calle, la infanta Cristina va mañana a inaugurar algo y no puede entrar”, aseveró.
“Lo de un yerno mal encarado”, opina Losantos, “… allá ellos, pertenece a su privacidad y no nos importa en absoluto. Otra cosa es que una infanta de España, uno de los tres hijos del rey, la pequeña y más mimada de papá, participe en una promotora inmobiliaria al cincuenta por ciento con su marido”.
Se cree que el juez José Castro, del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, llamará a la infanta en calidad de testigo sobre la investigación. La presión es grande y la encrucijada, es histórica, ya que sería la primera vez en España que un miembro de la Familia Real se vería obligada a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Involucrada en el asunto, la infanta Cristina correría el riesgo de caer en desgracia ante la opinión pública, la prensa y la población, cuya presión hizo que la Casa Real tomara la decisión de apartar a Iñaki Urdangarín de todo aspecto oficial (agendas, actividades, presupuestos) de la Monarquía.
A pesar de que pudiera comprobarse su conocimiento o participación en el fraude, Cristina de Borbón no puede ser imputada judicialmente y sólo puede declarar como testigo. La Ley española establece que solamente “el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del Reino” están exentos de ser llamados a atestiguar. Otro artículo de la misma ley consigna que “estarán exentas también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, las demás personas de la Familia Real”.
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