dpa/ap/afp desde Madrid
La maquinaria del Estado español finalmente ha logrado, por primera vez en la historia, que la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos I de España, acceda en vehículo al tribunal de Palma de Mallorca (Islas Baleares), el próximo 8 de febrero, para prestar declaración sobre el “caso Urdangarin”, en el que está siendo investigada.
El juez de Palma de Mallorca Francisco Martínez Espinosa autorizó ayer que la infanta accediera en auto a los juzgados, alegando “estrictas razones de seguridad”, neutralizando así posibles críticas por dar un trato de favor a la hija del rey.
Así, la infanta podrá evitar a los numerosos periodistas, ciudadanos curiosos y, sobre todo, posibles grupos hostiles que pueden poner en riesgo su seguridad a las puertas del juzgado, ante el gran interés mediático despertado por el caso.
La infanta está imputada por presuntos delitos de fraude fiscal a través de una empresa (Aizoon) que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin, quien también está siendo investigado por presunta desviación de unos 8,7 millones de dólares de fondos públicos entre 2004 y 2007 mediante el Instituto Nóos, sin fines de lucro.
El magistrado Martínez Espinosa atendió con su decisión el planteo que le había propuesto la Policía Nacional como “absolutamente recomendable y estrictamente necesario, en orden a garantizar un nivel de seguridad adecuado” en el desarrollo de la declaración de la infanta Cristina ante el juez de instrucción José Castro.
El asunto sobre cómo entraría la infanta al tribunal había creado una gran expectación, por lo que el juez decano de Palma de Mallorca recalcó ante los medios de comunicación que se basa en el requerimiento realizado por la Policía, por motivos de seguridad.
“Se invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social”, recoge la resolución del juez decano sobre el informe de seguridad que le han presentado.
