La comunidad de Nueva Tabarca, la isla más pequeña de España, inició los trámites administrativo para emanciparse de Alicante y convertirse en una entidad local menos. La decisión se dio tras décadas de denuncias por abandono institucional y deficiencias graves en sus servicios públicos.
Ubicada a unos ocho kilómetros del cabo de Santa Paola y a pocos más de veinte del puerto alicantino, este peñón mediterráneo de apenas 0,3 kilómetros cuadrados cuenta con un padrón oficial de 51 habitantes permanentes.
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Los residente canalizaron la solicitud formal mediante la Asociación de Vecinos Isla Plana, la organización que nuclea a la población en su histórico reclamo por mayor autonomía.
El detonante de la medida responde al prolongado colapso de la infraestructura de la isla y a la falta de cobertura de necesidades prioritarias. El servicio médico de la isla opera solamente unas pocas horas al día, mientras el sistema de limpieza efectivo para contener la marea turística se encuentra ausente.
Los isleños sostienen que el ayuntamiento alicantino percibe cuantiosos ingresos fiscales por la explotación comercial y turística del territorio, pero devuelve una fracción insignificante en obras de mantenimiento e inversión pública. Entre los principales argumentos presentado destaca la crisis de aguas servidas, dado que la localidad carece de una planta depuradora adecuada.
El mecanismo legal y la disputa con el municipio de Alicante
El procedimiento elegido para concretar la segregación es la figura jurídica de Entidad Local Menor, un estatus que otorgaría al archipiélago un gobierno local propio y competencias directas sobre su presupuesto.
El primer paso formal consiste en la recolección de firmas de la mayoría de los empadronador para avalar la constitución de la comisión promotora que elevará la memoria justificativa al gobierno autonómico.
De obtener la aprobación de las autoridades, la isla gestionará de forma directa competencias clave como el alumbrado público, la conversación de caminos, las licencias menores y la recolección de residuos urbanos, independizándose del control operativo del ayuntamiento continental.
Por su parte, desde la administración municipal alicantina argumentaron que los costes operacionales de prestar servicios en un territorio peninsular superan ampliamente la recaudación local.
Por el momento, el expediente ingresará en una fase de evaluación técnica y jurídica que podría demorarse varios meses. Mientras tanto, la comunidad de Tabarca mantiene firme su decisión de asumir la autogestión para preservar la sostenibilidad de su territorio.
