sábado 25 de septiembre de 2021
INTERNACIONAL Crisis institucional
03-08-2021 16:50
03-08-2021 16:50

La Justicia de Brasil investiga a Jair Bolsonaro por atacar el sistema electoral

El titular del Tribunal Supremo Electoral apuntó contra el mandatario por su “conducta antidemocrática”. Se lo investigará por delitos que incluyen corrupción, fraude, propaganda extemporánea y abuso de poder.

03-08-2021 16:50

Continúa el clima de tensión institucional en Brasil luego de que este martes la Justicia iniciara una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por atacar el sistema electoral, a raíz de la denuncia según la cual vaticinó un posible fraude ligado al voto electrónico que se usará en las elecciones presidenciales del 2022. Además, se lo indagará por la difusión de noticias falsas.

“La verdad, en el Brasil de hoy, debe restablecerse todos los días. Estuve en la Cámara de Diputados, luego de insistentes invitaciones del propio comité de votación impreso, para explicar que tenemos un voto seguro, transparente y auditable”, publicó en Twitter Luis Roberto Barroso, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inició la investigación sobre el Presidente por la denuncia contra las urnas electrónicas.

Por su lado, el juez Barroso condenó la “conducta antidemocrática” que implica la amenaza hacia la celebración de las elecciones por parte de Bolsonaro, como también el hecho de "profanar el debate público con desinformación, mentiras, odio y teorías de la conspiración". En este sentido, el magistrado presentó una carta para que el Tribunal Supremo Federal (TSF), el equivalente brasileño a la Corte Suprema argentina, investigue al Presidente por la difusión de noticias falsas. 

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El juez brasileño Luis Roberto Barroso preside el Tribunal Supremo Electoral y es miembro del Tribunal Supremo de Justicia. 

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Según medios locales, el presidente Bolsonaro busca limitar la celebración de las elecciones presidenciales del 2022 al mecanismo de votación, con la idea de que el voto impreso es mas seguro, considerando su mala imagen pública y que la intención de voto que no lo favorece. Como contrapartida, numerosos magistrados brasileños miembros de los máximos organismos de Justicia no solo refutaron las acusaciones de fraude en un comunicado en común, sino que defendieron el voto electrónico. 

“Los brasileños pueden confiar en las Instituciones, con la certeza de que, soberanamente, elegirán a sus líderes en las elecciones de 2022, con libertad y secreto de voto. No se admitirán actos contra la democracia y el Estado de derecho, por tratarse de delitos comunes y de responsabilidad”, dijo el juez del TSE Alexandre de Moraes en la red del pajarito, muy utilizada por los políticos del país vecino para hacer declaraciones. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Luis Fux, declaró en un discurso que la independencia entre Poderes "no implica impunidad para actos que desorbiten el respeto a las instituciones".

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Los delitos por los que se lo investigará al titular del Ejecutivo brasileño incluyen corrupción, fraude, propaganda extemporánea, abuso de poder y conducta prohibida en sus declaraciones contra el sistema electoral y el planteamiento de fraude de cara a los próximos comicios de 2022.

Según una encuesta privada publicada a principios de julio por la revista brasileña Veja, el expresidente Lula da Silva, quien todavía no ha hecho oficial su candidatura a las presidenciales del próximo año, reúne el 58 por ciento de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022, lo que le permitiría consagrarse en primera vuelta, mientras que el actual Presidente obtendría el 25 por ciento. 

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Además de los delitos mencionados, el juez Barroso realizó la petición formal ante el Tribunal Supremo para también investigar a Bolsonaro por la difusión de noticias falsas luego de que el pasado jueves el Presidente dio un discurso por YouTube en el que acusó al máximo organismo de Justicia de “cometer un delito” en el marco de la respuesta a la pandemia al haber dejado a alcaldes y gobernadores aplicar restricciones.

Jair Bolsonaro había señalado que el tribunal “cometió un delito al decir que alcaldes y gobernadores podrían, simplemente restringir todo de forma indiscriminada, cualquier derecho previsto en el inciso quinto de la Constitución, incluyendo la libertad de movimiento”. 

cd /ds