A los 20 años de revelada su existencia, Relatores y Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU involucrados en su sanción permanente y exhortación sistemática al desmantelamiento, recordaron en Ginebra el "horrible capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos" que los Estados Unidos siguen cometiendo en la base aeronaval y prisión extraterritorial de Guantánamo, en la isla de Cuba.
El espantoso ejemplo, de "notoriedad sin parangón", y su “funcionamiento continuado es una mancha en el compromiso del gobierno estadounidense con el Estado de derecho”, afirmaron los expertos independientes sobre la “promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo”, Fionnula Ní Aoláin, de “trafico de personas”, Siobhán Mullally, por el “derecho a la salud física y mental”, Tlaleng Mofokeng, acompañados por Morris Tidball-Binz, respecto a las “ejecuciones arbitrarias, sumarias y extrajudiciales”, y Nilz Melzer, de la “tortura”, junto a los Grupos de Trabajo contra la Detención Arbitraria y las Desapariciones Forzadas.
Al propio tiempo, estos expertos “elogiaron la incansable y valiente labor de los abogados defensores que han luchado por proteger el Estado de derecho e identificaron los persistentes fallos en materia de derechos humanos en el funcionamiento cotidiano de las Comisiones Militares del Estado en Guantánamo”, presuntos órganos judiciales, en verdad violadores “de la imparcialidad, independencia y no discriminación y que nunca deberían haberse utilizado de la forma en que se desplegaron en Guantánamo”.
Concretamente les preocupa que dichas Comisiones Militares “sigan practicando procedimientos previos al juicio sobre las mociones para suprimir las pruebas de tortura”, tendientes a impedir “la eliminación de todos los obstáculos para garantizar la transparencia y la imparcialidad de los juicios”, en contradicción con “la necesidad de apertura y justicia pública”, imprescindible para beneficiar “ a las familias de las víctimas y a otras partes interesadas”.
Por deprisa estimaron que "la continua injusticia de los procesos, y la falta de transparencia e igualdad de armas para los acusados, es una mancha en el compromiso declarado de Estados Unidos con el estado de derecho y la protección constitucional". Destacaron paralelamente “los fallos del sistema judicial de Estados Unidos para desempeñar un papel significativo en la protección de los derechos humanos” y “la defensa del Estado de derecho”, permitiendo “que prospere un agujero negro legal en Guantánamo con su aparente aprobación y apoyo".
Para llegar tales conclusiones, estos encargados de los denominados “procedimientos especiales” de la ONU, quienes no cobran sueldo ni son funcionarios de la ONU, residen en sus países de origen, y solo reciben el reembolso de sus viáticos cuando se desplazan para sus misiones oficiales, establecieron la responsabilidad de Estados Unidos tras "veinte años de práctica de la detención arbitraria sin juicio acompañada de tortura o malos tratos”, de hecho “sencillamente inaceptable para cualquier gobierno, en particular para un gobierno que tiene la pretensión declarada de proteger los derechos humanos".
Cronológicamente debe consignarse históricamente que Estados Unidos renunció en 2018 a su escaño en el mencionado Consejo, por orden del Presidente Donald Trump, pero su sucesor, Joe Biden, consiguió a fines del 2021, mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU su retorno para 2022. Después de largo tiempo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Reino Unido, Francia, China, Rusia y Estados Unidos) volverán plenamente a sesionar nuevamente a partir de marzo próximo en el máximo órgano de la ONU en materia de derechos humanos, bajo la Presidencia de la Argentina, reuniendo en total 47 Estados miembros.
De momento, los mencionados expertos enumeraron que en 2003, se hacinaban en Guantánamo “700 presos”. Sin embargo, “veinte años después, quedan 39 detenidos, pero sólo nueve de ellos han sido acusados o condenados por delitos”, no obstante que otros “13” disponen de autorizaciones para ser “ trasladados”, se supone a penitenciarias en países que respeten las normas de la ONU, las distinguidas “Reglas mínimas de Nelson Mandela” para “el tratamiento de reclusos”. Entre 2002 y 2021, “nueve detenidos murieron bajo custodia, dos por causas naturales y siete, al parecer, se suicidaron. Ninguno había sido acusado o condenado por un delito”.
Los expertos precisaron que “a pesar de la condena contundente, reiterada e inequívoca del funcionamiento de este horrible complejo de detención y prisión, con sus procesos judiciales asociados, Estados Unidos sigue deteniendo a personas, muchas de las cuales nunca han sido acusadas de ningún delito". Resumieron que "la Bahía de Guantánamo es un lugar de una notoriedad sin parangón, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados al lugar y privados de sus derechos más fundamentales".
Sostuvieron además que “la Bahía de Guantánamo es también un profundo símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y de censura de la práctica de la tortura y los malos tratos patrocinados por el Estado, así como de la inaceptable impunidad concedida a los responsables”. Manifestaron que "cuando un Estado no hace rendir cuentas a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo".
A su vez se mostraron “especialmente preocupados por la difícil situación de una población penitenciaria envejecida y enferma, que en muchos casos ha sufrido los estragos de la tortura experimentada en décadas anteriores”. Específicamente criticaron “la falta de asistencia médica adecuada y de rehabilitación de la tortura para” restablecer la salud de “las víctimas de la tortura tanto en Guantánamo como después de su traslado, dos cosas que son claramente necesarias según el derecho internacional”. Tomaron en consideración “el estrés que supone la vulnerabilidad de estas personas y la angustia que experimentan sus familias”, que continúan “sin fin a la vista", detalla el comunicado de la ONU publicado en Ginebra.
Los titulares de estos “procedimientos especiales en materia de derechos humanos de la ONU”, solicitaron “expresamente al gobierno de Estados Unidos que cierren Guantánamo” y el retorno de “los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución” a países que no ofrezcan garantías para sus vidas. Instaron a que se les proporcionen “recursos y reparaciones a las personas atrozmente torturadas y detenidas arbitrariamente por sus agentes”, y reclamaron “responsabilidades a quienes autorizaron y practicaron la tortura, tal como exige el derecho internacional”.
