La ONU envió a una experta independiente para investigar los derechos humanos en Rusia

“A mi mandato se le denegó el acceso al territorio de la Federación de Rusia, pero eso no me impidió recibir información de unas 200 fuentes tanto dentro como fuera de Rusia”, resumió en Ginebra, Mariana Katzarova, quien acaba de presentar su primer informe, aportando pruebas de violaciones graves de los derechos humanos. Entre otros, torturas, malos tratos, y detenciones arbitrarias, existentes desde antes de la guerra en Ucrania, pero agravados por el conflicto.

“Insto a las autoridades rusas a emprender reformas integrales en materia de derechos humanos para reparar los daños de las últimas 2 décadas y cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, propuso la Relatora Especial Katzarova. Encarna el primer caso de un Estado miembro del Consejo de Seguridad, desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006, al que se le aplica un mecanismo permanente de control que resulta “la máxima pena” contra países violadores de los principios fundamentales defendidos por la ONU. 

El “deterioro significativo” de estos principios tras la invasión a Ucrania de febrero de 2022, constituyen”restricciones graves a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y han socavado fundamentalmente la independencia del poder judicial y las garantías de un juicio justo”, reveló Katzarova. Han dado lugar a “arrestos arbitrarios masivos, detenciones y acoso de defensores de los derechos humanos, activistas pacíficos contra la guerra, periodistas, figuras culturales, minorías y cualquiera que se pronuncie contra la guerra” rusa “en Ucrania”.

Las investigaciones de Katzarova indican que “la limitada rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos a nivel interno y la retirada de la Federación de Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reducido las posibilidades de las víctimas de buscar recursos y reparación”. Sin embargo, Rusia decidió no reconocer el mandato de la Relatora, Especial y notificó a la ONU, “que todas” sus “comunicaciones, ya fueran individuales o conjuntas, serían automáticamente descartadas”.

Al tiempo, coincidió en Ginebra, la publicación de otro informe, emanado de la Relatora de la ONU contra la tortura, Alice Jill Edwards, al retornar de una visita a Ucrania, la cual sostiene que “la agresión armada de Rusia se está convirtiendo en sinónimo de tortura y otras crueldades inhumanas”. Agregó que “el volumen de denuncias creíbles de tortura y otros actos inhumanos que las autoridades rusas están perpetrando contra civiles y prisioneros de guerra parece no cesar”. No serían actos “aleatorios ni fortuitos, sino orquestados como parte de una política de Estado para intimidar, infundir miedo, castigar o extraer información y confesiones”.

Al respecto, informó que “recogió testimonios desgarradores sobre la aplicación de descargas eléctricas en oídos y genitales, palizas de todo tipo, simulacros de ejecución a punta de pistola, ahogamientos simulados, obligación de mantener posturas de tensión, amenazas de violación o muerte y diversas ceremonias de ridiculización y humillación. Los civiles y soldados ucranianos retornados contaron que se les hacinaba en sótanos y celdas, en condiciones de hacinamiento, y que se les alimentaba mal. Varios perdieron niveles peligrosos de peso”. Valoró que “estos actos constituirían tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos en todo momento y circunstancia por el derecho internacional, humanitario y de los derechos humanos”.

“Dado que la prohibición mundial de la tortura refleja nuestra aspiración compartida de vivir en sociedades libres de temor, los autores -incluidos los de más alto nivel- deben ser llevados ante la justicia”, subrayó. Durante su reciente visita, la experta examinó “los procedimientos y prácticas de investigación y enjuiciamiento de esos delitos de tortura cometidos en el contexto del conflicto armado”. Recogió “cifras del gobierno ucraniano”, que “hasta la fecha se han registrado más de 103.000 procedimientos por crímenes de guerra”.

Consideró “un reto importante para las autoridades” de “hacer frente a la enormidad de las acusaciones, lo que ha exigido la ampliación de las operaciones, la dotación de personal y el conjunto de competencias”. Explicó que “el trabajo que están llevando a cabo las autoridades ucranianas para documentar los crímenes de guerra es tanto más impresionante cuanto que se está realizando “en tiempo real”. Esa actuación temprana prácticamente no tiene precedentes en ningún lugar del mundo”. Advirtió que “el deber internacional de todo país de investigar y perseguir los crímenes de tortura y otros actos inhumanos no se vea alterado por la guerra u otras circunstancias excepcionales”. Tales circunstancias “plantearían grandes retos a cualquier sistema”.

A su vez, Edwards fue informada “de los múltiples obstáculos que impiden hacer justicia a las víctimas. Entre ellos, la inaccesibilidad de las zonas actualmente ocupadas, la pérdida de pruebas cruciales debido al deterioro y al lapso de tiempo transcurrido entre el crimen y la liberación, cuando pueden comenzar las investigaciones, y la adaptación del sistema de justicia penal para poder procesar y juzgar crímenes atroces internacionales”. Durante la visita a Ucrania de 7 días, la experta “visitó diferentes lugares e instalaciones e inspeccionó las condiciones de trato de los prisioneros de guerra rusos y de los acusados de crímenes relacionados con el conflicto”.

Sobre del particular, dio cuenta haber comprobado “que las autoridades ucranianas han hecho esfuerzos sinceros para tratar con respeto a los prisioneros de guerra rusos. Las instalaciones tipo barracón que visité eran higiénicas y ordenadas. Los prisioneros estaban bien alimentados, recibían atención médica por sus heridas en el campo de batalla, podían practicar su religión y disponían de trabajo remunerado e instalaciones recreativas”.

Finalmente, Alice Jill Edwards manifestó que se reunió con altos funcionarios del gobierno ucraniano, miembros del Tribunal Supremo, todos los servicios implicados en la investigación y persecución de los delitos de tortura, la Jefatura de Coordinación sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra, y el Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo) y el Mecanismo Nacional de Prevención. También se reunió con representantes de la comunidad diplomática, las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Realizó diversas entrevistas con personas privadas de libertad, así como con víctimas y supervivientes.