La Policía Federal de Brasil lanzó ayer la fase 24 de la Operación Lava Jato bautizada como Aletheia (expresión griega que significa “verdad”), en respuesta a las investigaciones de corrupción en la petrolera estatal Petrobas y emprendiendo allanamientos que no llegaron sólo a la casa del ex presidente Lula Da Silva y su hijo. Hubo, a lo largo del día, otros 43 en todo Brasil
Las órdenes de allanamiento fueron decididas también por el juez federal Sergio Moro, quien está a cargo de las averiguaciones.
En total, unos 200 agentes federales y treinta auditores fiscales cumplen 44 órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar en Río de Janeiro, San Pablo y Bahía. Ellos investigan la red que se apropió ilegalmente de unos 2 mil millones de dólares de las arcas de la petrolera, como así también los pagos de soborno vinculados al Partido de los Trabajadores y Petrobras.
Instituto Lula. Agentes policiales también fueron desplegados en la sede del Instituto Lula, en el barrio de Ipiranga, zona sur de la ciudad de San Pablo, y en empresas alcanzadas por el Lava Jato. Allí el blanco es Paulo Okamotto, presidente del Instituto. El mismo que publicó un comunicado de prensa que califica la Operación como “arbitraria, ilegal, vergonzosa e injustificable, que viola el Estado”.
También órdenes judiciales son cumplidas en las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se localizan inmuebles adjudicados a Lula, que el ex presidente ha negado reiteradamente que sean de su propiedad.
La investigación que comandó el juez busca establecer si Lula recibió “ventajas indebidas” de empresas acusadas en el Lava Jato, que destapó una red de corruptelas en torno a la petrolera estatal Petrobras.
