AFP/ANSA
Desde Madrid
España no tiene paz. En una nueva medida que sembró suspicacias en la sociedad ibérica, el gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer que los príncipes Felipe y Letizia y la reina Sofía serán aforados ante la Justicia, en la extensión de un privilegio que los exime de ser juzgados por los tribunales ordinarios. Según informó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en caso de que los miembros de la realeza sean imputados por algún delito sólo podrán ser investigados por el Tribunal Supremo, al igual que ocurre con el presidente, los ministros, diputados y senadores.
Hasta el momento, el único que gozaba de esa facultad en la Casa Real era Juan Carlos. De esta forma, el príncipe, la princesa y la reina nunca tendrán que acudir a un tribunal, como sí tuvo que hacerlo la infanta Cristina, investigada junto a su esposo Iñaki Urdangarin por presunta corrupción y evasión impositiva.
La medida blinda a la familia real ante posibles denuncias en el ejercicio de sus funciones. “No veíamos lógico que en la estructura de nuestro Estado un ministro del gobierno estuviera aforado y que el príncipe heredero de la corona no estuviera aforado”, explicó el ministro, que dijo que la nueva disposición es parte de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Según el Ejecutivo español, no hay necesidad de extender el aforamiento al rey porque la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Para el ministro, el aforamiento “no es un privilegio” sino “un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela”. El privilegio, sin embargo, no se extenderá a las hijas de los reyes, las infantas Elena y Cristina.
El gobierno no aclaró por qué eligió este momento para blindar judicialmente a la reina y a los príncipes. La medida fue duramente criticada por la oposición. Gaspar Llamazares, dirigente de Izquierda Unida (UI), la calificó de “barbaridad, desmesura y exageración” y señaló que supone una vuelta al “antiguo régimen”.
El aforamiento forma parte del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ejecutivo calificó como “un nuevo modelo de justicia para el siglo XXI”. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que se trata de una reforma “importante” que pretende una Justicia “más ágil y capaz de satisfacer las pretensiones de los ciudadanos”.
Con el caso Nóos en plena investigación, la Casa Real vive su peor momento desde el retorno de la democracia. Luego de 38 años en el trono, sólo el 41,3% de los consultados por la encuestadora Sigma Dos cree que el reinado de Juan Carlos fue bueno o muy bueno, porcentaje que muestra un descenso de nueve puntos respecto de la medición de 2013. En tanto, el diario El Mundo publicó un sondeo que señala que el 62% de los españoles es partidario de que el monarca abdique en favor del príncipe Felipe. Por ahora, Juan Carlos sigue aferrado al trono.
