El máximo tribunal venezolano revisará dos sentencias con las cuales se adjudicó las facultades del Parlamento y retiró la inmunidad a sus diputados, según un acuerdo de los poderes públicos anunciado en la madrugada de este sábado.
Los representantes de esas instituciones -excepto el Legislativo de mayoría opositora- acordaron "exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones (...), con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico", señala el texto.
El denominado Consejo de Defensa -integrado por los poderes del Estado- había sido convocado por el presidente Nicolás Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".
El presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es "responsable del quebrantamiento del orden constitucional" y no podía "pretender ahora ser mediador".
"Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con (...) la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada", dijo Maduro en cadena de radio y televisión antes de que su vicepresidente, Tareck El Aissami, leyera el documento.
A la cita concurrió el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, pero no Ortega, con quien según el mandatario hubo "conversaciones" durante la reunión del Consejo.
Rechazo al acuerdo. El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, rechazó el acuerdo, señalando que "una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado".
"Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional", advirtió Guevara en Twitter.
Los fallos del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- generaron fuerte rechazo internacional, especialmente el emitido el pasado miércoles con la cual la corte asumió las competencias de la cámara, a la que declaró en desacato hace más de un año.
La oposición acusa a Maduro de haber perpetrado con ello un "golpe de Estado", mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un "autogolpe".
Pero el jefe de Estado respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos".
Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, los adversarios de Maduro protestarán este sábado bajo advertencias del presidente de que enfrentará cualquier "aventura golpista".
Tras un período de letargo en el que, según encuestas, perdió apoyo de sus seguidores al fracasar un diálogo con el gobierno, la oposición volverá a las calles para exigir respeto a la Asamblea y elecciones para superar la grave crisis política y económica.
A partir de este sábado "vamos a planificar acciones de protesta, a conformar un inmenso movimiento de presión ciudadana y de resistencia", dijo el jefe del bloque parlamentario, Stalin González.
Los diputados sesionarán en una plaza pública de Caracas para "ratificar que la Asamblea representa la voluntad ciudadana", añadió.
