La periodista y excandidata presidencial de Nicaragua Cristiana Chamorro fue condenada a ocho años de prisión, tras ser hallada culpable de los delitos que le atribuye el gobierno de Daniel Ortega, entre ellos lavado de dinero y apropiación indebida.
Cristiana, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado, después de haber anunciado su intención de inscribirse como precandidata a la presidencia de la derechista alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL).
Chamorro había rechazado los cargos, y aseguró que el caso en su contra fue armado por haber intentado "servir a los nicaragüenses" como candidata a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado.
"Cuando uno toma un posicionamiento que pone en riesgo el poder de la dictadura, uno espera cualquier cosa, hasta las peores", declaró Chamorro en mayo de 2021. "El pueblo me ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales. Por eso el dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo", aseguró.
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Multa millonaria y persecución judicial contra familia Chamorro
La excandidata fue acusada por el gobierno de lavado de activos, falsedad ideológica y otros dos delitos que presuntamente cometió cuando lideró la fundación que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y que promovía la libertad de expresión.
Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una ONG dedicada a promover la libertad de prensa y expresión.
Tanto a Chamorro como otros dos empleados de la Fundación y su chofer -que recibieron condenas de hasta 13 años- "les fueron impuestas multas millonarias" que son "imposibles de pagar, y si se llegarán a conmutar equivaldría a prisión perpetua", dijo el Cenidh.
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En el mismo caso fue condenado Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana, quien recibió 9 años de condena y permanecerá recluido en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía conocida como "El Chipote".
También fueron capturados dos primos de Cristiana: el exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, recientemente condenado a 13 años de cárcel por "conspiración", y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, directivo del opositor diario La Prensa.
Mientras tanto, el hermano menor de Cristiana, Carlos Fernando, un reconocido periodista crítico del gobierno, se exilió en Costa Rica en medio de la ola de arrestos.
La condena de Cristiana Chamorro, una "venganza" personal de Ortega hacia su familia
Favorita para enfrentar a Ortega en los comicios presidenciales de noviembre de 2021, Chamorro integra un grupo de 46 opositores que fueron detenidos el año pasado, la mayoría acusados de conspirar contra el gobierno de Ortega, quien está en el poder desde 2007 y obtuvo en noviembre del año pasado su cuarto mandato consecutivo.
Su padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado a tiros en una calle de Managua, el 10 de enero de 1978, por oponerse a la dictadura de los Somoza, que gobernó Nicaragua casi medio siglo hasta el triunfo de la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979.
Tras el primer gobierno de Ortega (1985-1990), fue la madre de Cristiana, Violeta Barrios, quien lo derrotó en los comicios de 1990, impidiendo su reelección. Durante su mandato promovió un proceso de reconciliación entre los nicaragüenses tras décadas de conflictos internos.
Violeta Chamorro gobernó en medio de una violenta oposición ejercida por el sandinismo, situación que, confesó, la hizo "llorar" de indignación.
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La condena es "una venganza contra el legado de mi madre", dijo Cristiana. "De esa manera atroz se está desquitando de aquella derrota (de 1990) que pareciera que no supera", agregó.
"La causa judicial en mi contra no es sólo para mi persona, sino en contra de la democracia", sostuvo Chamorro antes de ser detenida por acusaciones que consideró una "farsa" que, según ella, demostró el "horror" que Ortega tenía a su posible candidatura.
Cristiana Chamorro era una de las favoritas para competir contra la reelección de Ortega, el exguerrillero de 76 años que gobierna desde el 2007 y que en noviembre pasado obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
Todos lo presos políticos de Ortega fueron juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
ds
