A casi una semana del referéndum de independencia, las tensiones afloran poco a poco en la coalición de gobierno catalana. El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, consideró ayer que la región todavía no tiene control sobre las fronteras y la aduana, no recauda impuestos ni administra justicia, elementos indispensables para una “independencia real”, en un mensaje que generó revuelo en Cataluña.
Los líderes catalanes están divididos sobre si es el momento adecuado para la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Por un lado, el presidente Carles Puigdemont y su agrupación, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT) –a la que adscribe Mas–, prefieren ganar tiempo con una mediación internacional con el gobierno de Mariano Rajoy. En cambio, la CUP y organizaciones de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, desean proclamar la próxima semana la independencia de manera unilateral.
En ese contexto, las declaraciones de Mas al Financial Times resonaron con fuerza en Cataluña. El dirigente nacionalista indicó que la región había “ganado el derecho a convertirse en un Estado independiente”, pero admitió que “para ser independientes aún faltan unas cuantas cosas” que aún no tiene. “La pregunta ahora es cómo ejercemos ese derecho, y aquí hay, obviamente, decisiones que adoptar. Y esas decisiones deben tener un objetivo en mente: no se trata tan sólo de proclamar la independencia, sino de si realmente nos convertirnos en un país independiente”, reflexionó. Mas desmintió horas después al Financial Times, que sostenía que él había afirmado que Cataluña no estaba “preparada para la independencia real”. El diario británico rectificó y modificó su título, que entonces indicó que Mas pedía “ser prudentes ante una declaración unilateral de independencia”.
Margarita León, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que hay negociaciones en dos tableros: una dentro de la coalición independentista y otra entre el gobierno español y el catalán. “El gobierno tiene miedo de las consecuencias económicas y del aislamiento que pueda generar la DUI. Por otro lado, está presionado por ANC, Omnium y la CUP, que no contemplan ningún otro escenario posible y van a forzar hasta el final por la DUI”, afirmó a PERFIL.
Anuncio. El Gobierno catalán publicó ayer los datos oficiales de la consulta independentista del pasado 1º de octubre, en el que participó el 43% del censo. En total, 2.044.038 de personas votaron “sí”, mientras que 177.547 se decantaron por el “no”, otras 44.913 en blanco y 19.719 fueron votos nulos.
La Ley del Referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional al igual que la convocatoria del 1º-O, establece que, una vez anunciados los resultados oficiales de la consulta, la Declaración Unilateral de Independencia debe hacerse en 48 horas.
Puigdemont comparecerá el próximo martes en el Parlamento para abordar “la situación política actual”, con la incógnita de si declarará o no la independencia. En una entrevista previa, el dirigente había afirmado que “seguramente alguien va a proponer (la DUI) y la vamos a debatir”. Consultado sobre si era su opción personal, lo descartó. Puigdemont sabe que si da ese paso será una jugada política testimonial –de alto valor simbólico–, pero que entraña riesgos personales e institucionales. Es probable que la Justicia lo detenga por “sedición” y “rebelión” y que el autogobierno catalán sea suspendido por el gobierno central, asestando un duro golpe al independentismo.
La CUP reclamó que ejerza la autodeterminación “por fidelidad” al electorado. Los independentistas adelantaron que se movilizarán al Parlamento para exigir la tan ansiada declaración. Ayer celebraron el 83º aniversario de la proclamación del Estado Catalán del ex presidente Lluís Companys. Para ellos, ya no es sólo un recuerdo, sino también un escenario que vislumbran en el futuro inmediato.
Imputan por sedición al jefe de policía catalán
La Fiscalía española decidió ayer ampliar la investigación por sedición al jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluis Trapero, hasta después del referéndum independentista del 1 de octubre, después de recibir más información de la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos las últimas semanas.
La investigación también apunta contra los presidentes de las dos asociaciones más importantes del movimiento independentista de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Ciuxart, de
Omnium Cultural, así como a otra autoridad de los Mossos d’Esquadra. Los cuatro declararon ayer como imputados por el sitio que sufrió la Guardia Civil durante un registro a la Consejería de Economía catalana para impedir la celebración de la consulta. Paralelamente, la Justicia ordenó investigar, por delitos de lesiones, la actuación de la Policía Nacional en 23 colegios de Barcelona, donde resultaron heridas 130 personas. La investigación busca determinar si los agentes actuaron con “proporcionalidad”.
