Organizaciones civiles, de derechos humanos y de vecinos de las favelas multiplican los esfuerzos por controlar el accionar de los soldados desplegados en Río para combatir la inseguridad, en el marco de la intervención militar al estado ordenada por el presidente Michel Temer.
El Cristo Redentor con binóculos y megáfono es el provocador ícono del Observatorio de la Intervención de Río de Janeiro, una de las iniciativas para vigilar a los militares que tomaron el control de la seguridad.
El miedo a que los abusos y las violaciones a los derechos humanos se multipliquen durante los operativos castrenses ha movilizado a defensores públicos, abogados, académicos y activistas a lo largo de Río, pero muy especialmente a organizaciones de vecinos en las favelas.
Sus propuestas son amplias: desde un grupo encriptado de WhatsApp para hacer denuncias anónimas que luego son encaminadas por expertos a organismos públicos, tutoriales distribuidos en redes para saber cómo afrontar los operativos o cursos de cómo grabar con celular posibles abordajes abusivos.
“La intervención nos genera ansiedad, no sabemos cómo será. Protegernos del Estado no es una cosa nueva, pero necesitamos fortalecer nuestras redes para el golpe bajo que nos pueden dar”, explicó Thainã de Medeiros, del grupo Papo Reto, de Complexo de Alemao, una de las favelas más violentas de Río.
Medeiros participó en el lanzamiento del observatorio, liderado por el prestigioso Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, que contará con la colaboración de entidades como Amnistía Internacional o la fiscalía, y “consejeros” de las favelas de la ciudad.
Vigilar. La idea del observatorio es vigilar con trabajo de campo, datos y estadísticas las operaciones de la intervención federal en toda el área de seguridad de Río, decretada por Temer el 16 de febrero.
La medida, inédita desde la restauración de la democracia en 1985 y que se extenderá hasta finales de diciembre, genera muchas suspicacias, entre otras cosas porque los soldados solo podrán responder ante tribunales militares.
Los militares ya acumulan críticas por haber “fichado” a habitantes de una favela, impidiéndoles circular hasta chequear, tomándoles fotografías con su carnet de identidad en mano, que no tuvieran órdenes de captura.
