Los acusados por Atocha se amparan en el silencio

Madrid - El histórico juicio por los atentados terroristas perpetrados el 11 de marzo de 2004 contra cuatro trenes en Madrid entró hoy en su segundo día.

Hoy declararon el marroquí Youssef Belhadj y Hassan el Haski señalados como presuntos "cerebros" de los ataques.

Belhadj, alias "El afgano", considerado uno de los cuatro "ideólogos" de los atentados de 2004 en Madrid, sólo respondió a sus abogados, condenó los ataques y negó pertenecer a Al Qaeda u a otra organización terrorista.

El marroquí Hassan el Haski, tercer supuesto "cerebro" de los atentados islamistas de 2004 en Madrid, considerado ex jefe en Europa del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GCIM), también se desvinculó de los ataques o con personas ligadas al 11-M. Fue el primero en responder a las acusaciones.

Belhadj, de 30 años, fue detenido el 1 de febrero de 2005 en Bélgica. Presuntamente se trata de la persona que aparece, con el rostro cubierto, en un video en el que reivindicó la responsabilidad por los peores atentados terroristas perpetrados en España.
 
Hassan el Haski, detenido en Canarias en diciembre de 2004 y en prisión como presunto dirigente dentro de Europa del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM).

Huyó de España pocos días antes de los atentados, según un testigo. Después, cuando sobre él pesaba una orden captura, había logrado huir de las detenciones contra el entramado terrorista realizadas en Francia y Bélgica pero luego fue encarcelado, informó el diario español El Mundo.

Un total de 29 personas, en su mayoría marroquíes, están acusadas de implicación en los atentados contra cuatro trenes regionales en Madrid, que causaron 191 muertos y 1.824 heridos.

El juicio comenzó ayer con el interrogatorio al egipcio Rabei Osman Sayed Ahmed, de 35 años, otro de los presuntos ideólogos del 11-M, quien negó cualquier implicación en los atentados e incluso condenó los ataques.

La fiscalía pide para cada uno de los siete principales inculpados penas de prisión de casi 40.000 años. Sin embargo, en caso de ser condenados, ninguno de ellos pasaría más de 40 años entre rejas, que es la pena máxima contemplada en el derecho español.