Los ‘duros’ del secesionismo exigen la declaración unilateral de independencia

Los sectores secesionistas más radicales aumentaron ayer la presión sobre el president catalán, Carles Puigdemont, para que confirme la independencia unilateral de Cataluña antes del lunes, cuando vence el ultimátum que le fijó el gobierno español para aclarar su postura.

El número dos del gobierno catalán, Oriol Junqueras, advirtió que la oferta de diálogo formulada a Madrid debe tener como “referencia” la independencia de la región, lo que cierra un poco más la puerta a un entendimiento entre ambas partes.

“Exigimos que la respuesta sea nítidamente afirmativa y acompañada necesariamente de un acto de solemnidad”, reclamó por su parte Núria Gibert, del partido antisistema CUP, que apoya al gobierno de Puigdemont en el Parlament y ve “imposible” el diálogo con Madrid.

La CUP amenaza con retirarse del Parlament si no hay independencia, lo que podría dejar sin apoyo a Puigdemont y forzar un adelanto de las elecciones.

Incluso desde el Pdecat, el partido de Puigdemont, un grupo de treinta miembros pidió dar por hecho que Cataluña es ya un país soberano y dejar por eso “sin respuesta” el requerimiento enviado por Rajoy.
Si bien Junqueras subrayó que “la mejor manera de hacer la República, de hacer la independencia, es poder hacerla dialogando con todos, como mínimo con la comunidad internacional”, advirtió que “para que el diálogo tenga alguna expectativa de fructificar necesita tener como referencia la construcción de la República y nuestro compromiso con la independencia”.

“Cumpliremos el mandato del 1º de octubre y lo haremos a través del diálogo para evidenciar ante la comunidad internacional quién quiere dialogar y quién no”, prometió Junqueras ante dirigentes de su partido, Esquerra Republicana.

Suspensión. El gobierno catalán organizó el 1º de octubre un referéndum soberanista que había sido suspendido por la Justicia española. El Sí a la secesión ganó por un 90%. Los partidarios del No boicotearon la votación al considerarla ilegal.

El martes pasado, invocando el “mandato” del referéndum,  Puigdemont declaró la independencia en el Parlament, pero la suspendió de inmediato para abrir espacio al diálogo con Madrid. Al día siguiente, Rajoy le dio hasta el lunes para aclarar si declaró o no la independencia.

Si Puigdemont confirma la declaración o no responde, tendrá un nuevo plazo hasta el jueves para volver a la legalidad. Si no cumple ese segundo ultimátum, el gobierno de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite adoptar las “medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir sus obligaciones e intervenir o suspender a sus autoridades.

Según la prensa, Puigdemont podría responder al requerimiento enviando a Madrid una copia del discurso que pronunció en el Parlament, pero Rajoy insiste en que sólo aceptará un “sí” o un “no” a su pregunta.

“Si contesta con alguna ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y el gobierno tendrá que aplicar las medidas que correspondan”, dijo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. “Si dice que sí, se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley y habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo ofrecía con sinceridad”, agregó.

El 155. Ante la escasa perspectiva de diálogo, comenzó el debate sobre qué medidas tomaría el gobierno de Rajoy en Cataluña si activa el artículo 155.

La mayoría de los analistas apunta que el objetivo principal sería convocar elecciones, una competencia reservada al gobierno regional, pero Xavier García Albiol, líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, pidió ir más allá: intervenir a largo plazo la policía autonómica (Mossos d’Esquadra), que vio convertida en “instrumento” del independentismo, y la educación, usada sobre todo en algunos puntos del interior de Cataluña para “enseñar a odiar a España”, acusó.

También el secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, apuntó contra los Mossos. “Si Puigdemont admite la secesión, apoyaré que sean intervenidos”, afirmó.