Los olvidados del franquismo piden que los crímenes sean juzgados en Argentina

No se ajusta a Derecho, desestimando toda la normativa nacional. Es un acto desmedido y extemporáneo. La interpretación –como todo análisis- está parcializada y viciada ante una posible falta de objetividad. El solo objetivo de su intervención es deshonrar la figura de sus líderes. Ese es el argumento de la ultraderecha española para poner en el banquillo a uno de los jueces más temidos en su país: Baltasar Garzón.

El magistrado español, cuyo nombre fue una constante en Sudamérica con los juicios a algunos represores de los "vuelos de la muerte" y la casi extradición del General Augusto Pinochet, espera por estos días de manos de sus colegas y compatriotas la sentencia que confirma el fin de su carrera, signada por un incansable seguimiento de los crímenes de lesa humanidad y medidas no menos polémicas en sus condenas. De momento, ha sido condenado a once años de inhabilitación por las escuchas ilegales en el caso Gürten, y no hay indicios de que su suerte vaya a cambiar ante el proceso judicial que lo cuestiona por una supuesta prevaricación en diversas investigaciones sobre los excesos del franquismo.

Mientras tanto, y conscientes de que la Justicia española podría ser adversa con los cambios de aires en el país, las víctimas directas e indirectas del General Francisco Franco aspiran a que el sistema judicial argentino atienda sus reclamos, amparados en el principio de jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Paradójicamente, el intento por silenciar los crímenes del franquismo hizo que ahora, en un Tribunal Superior, el país entero escuche, en la voz de los testigos, los atropellos de los años más oscuros de la historia española.

De eso no se habla. La querella presentada en abril de 2010 ante el Tribunal Supremo de Madrid por las organizaciones españolas de ultraderecha Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española (que sería una de las implicadas) sostiene que el Juez incurrió en prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones forzadas entre 1936 y 1975, desoyendo la Ley de Amnistía 46/1977 ya que, en su interpretación, la norma es impropia por considerarse los delitos del franquismo como crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2008, el magistrado había comenzado a recabar información sobre el tema, con la intención de realizar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes, que arrojó un total de entre 114 mil y 130 desaparecidos, aunque se sabe que la cifra es mucho mayor. Un mes después, instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas por todo el país, entre las que se presumía podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca. Hasta abril de 2010, se incorporaron a la causa unos 5 mil testimonios sobre el destino y las condiciones de tortura y desaparición.

No era la primera vez que Manos Limpias, liderada por Miguel Bernard, referente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, y Garzón se cruzaban en tribunales. La agrupación había presentado, entre 1997 y 2010, unas 17 querellas contra el magistrado, todas desestimadas.

A medida que la querella contra Garzón tomaba fuerza, aunque sin perder tiempo, se instaló en Buenos Aires el pedido de investigar en el país lo que en España parece ser un tema intocable. Ese mismo mes, diferentes agrupaciones de Derechos Humanos, representadas por los abogados Carlos Slepoy y Beisnuz Szmukler, se presentaron como querellantes en los juzgados de Comodoro Py ante la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Recién en diciembre de 2011, la jueza logró reactivar el pedido, luego de que se comprobara que la Justicia española había trabado en algunas instancias, y archivado en otras, los reclamos en Europa. Poco antes del comienzo de la feria judicial, Servini de Cubría exhortó a la Justicia española a que le proporcione datos de los responsables civiles y militares de los crímenes.

Fuentes cercanas la magistrada revelaron a Perfil.com que la causa se encuentra en estos momentos "en plena etapa de investigación". Sin embargo, la jueza no daría mayores declaraciones hasta una vez avanzada la pesquisa.

Una cuestión de "gratitud". Para el ex fiscal federal de Bahía Blanca y actual titular de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, el juez español "fue un pionero". "Gracias a él los crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Chile o Argentina, pudieron ser condenados", sostuvo Cañón, íntimo amigo de Garzón.

Consultado por Perfil.com sobre la pertinencia de juzgar los crímenes españoles en Argentina, el especialista en Derechos Humanos remarcó: "El principio de la jurisdicción universal, puede aplicarse desde cualquier país del mundo. Luego, si existiera la imposibilidad de que Garzón lleve adelante el juicio, queda la posibilidad de que otro país siga juzgando. Argentina, en este caso, está a la vanguardia de las acciones".

Por otra parte, Cañón -a quien el juez Garzón dedicó un capítulo en su libro "La línea del horizonte"-, continuó: "No solo desde el punto de vista legal nuestro país puede continuar con los juicios, sino por una cuestión de gratitud por la gestión de Garzón ante los crímenes argentinos que podrían haber quedado impunes".

Como consecuencia del proceso judicial contra Garzón, suspendido en mayo de 2010, la causa contra los crímenes del franquismo se desmembró en varios expedientes que recayeron en tribunales regionales, alineados políticamente con el Partido Popular. Para Cañón, "esos jueces no avanzaron nada, dejaron que el caso caiga en vía muerta". Ante la pregunta de si el poder político del Partido Popular podía influir, señaló: "Creo que en toda España todavía persiste la sombra de Franco. Las ‘dos Españas’ de Antonio Machado aún existen. La derecha española es muy fuerte. El franquismo se manifiesta a través del PP, y los que encabezan el juicio son de la derecha más reaccionaria".

A favor y en contra. Durante todo el juicio, la capital española se convirtió en la pasarela de organizaciones y defensores de Derechos Humanos que expresaron su apoyo a Garzón. Mujeres y familiares de víctimas del franquismo con pañuelos negros en la cabeza emulando el de las Madres y Abuelas argentinas se manifestaron junto a centenares de personas frente al Tribunal Supremo.

La agencia italiana ANSA retrató a algunos de los manifestantes. Mientras se anudaba el pañuelo negro a la cabeza, Isabel Fernández, nieta de una desaparecida española, comentó que "'es la primera vez que nos lo ponemos y ya se quedará para siempre así, igual que las Madres argentinas. Siempre iremos con el pañuelo negro a las manifestaciones y a actos de apoyo". Isabel, convocada con una veintena de mujeres, pertenece a la Asociación de familiares de republicanos desaparecidos. El pañuelo, subrayó, "simboliza las mujeres de negro de España, todas las viudas que quedaron, entre ellas mi abuela". Para ella, "muchos jueces que están prevaricando, no están haciendo caso a las víctimas y no se están preocupando de ir a la fosas con los restos cuando se abren". Con las fotos colgadas sobre el pecho de su padre y un tío, Rosa Moreno denuncia que "se juzga al único juez que está defendiendo la causa de la memoria" y y reclama que "por lo menos pidan perdón". La Madre de Plaza de Mayo Manuela Labrador, cuya familia cuenta con cuatro muertos y un desaparecido en Argentina, señaló que el juez "devolvió la dignidad a los argentinos en su momento. Por eso tenemos que estar aquí presentes apoyándolo". A su lado, Reed Brody, integrante de Human Rights Watch, participaba en calidad de "observador internacional" en un juicio que califica como un "atentado contra la independencia judicial".