Se cumplieron las 17 del viernes y Luiz Inácio Lula Da Silva no se entregó a la Policía Federal de Curitiba. Así lo había dispuesto el juez Sérgio Moro, quien ordenó que cumpla en prisión su condena a 12 años y un mes de cárcel por los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El expresidente de Brasil esperó la llegada de la hora límite atrincherado en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (en el cinturón industrial de Sao Paulo), lugar donde comenzó su carrera sindical y política. Miles de personas se agolpaban frente al edificio y se movilizaban contra la decisión judicial.
El líder del PT fue investigado por la supuesta aceptación, a modo de soborno, de un tríplex en Guarujá (ciudad costera cercana a San Pablo) valuado en 1,1 millones de dólares. La supuesta coima habría tenido como objetivo que la constructora OAS sea beneficiada en sus negocios con Petrobras.
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