Por primera vez, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será investigado en el marco del caso de corrupción conocido como “mensalão”. La Fiscalía General de la República en Brasilia ordenó a la Policía Federal que abra una investigación para esclarecer si Lula tuvo participación directa en la red de dinero ilegal que, según la Justicia, sus colaboradores más cercanos montaron durante su primer gobierno. El pedido de la Fiscalía se produjo a raíz de una denuncia contra el ex presidente del empresario Marcos Valério, sentenciado a cuarenta años de cárcel.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó en 2012 a varios miembros del Partido de los Trabajadores (PT) –entre ellos, al ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu– por el escándalo de coimas a diputados a cambio de apoyos al oficialismo en el Congreso, cuando el PT no tenía mayoría. Uno de los protagonistas del megajuicio fue Valério, señalado como operador financiero del mensalão.
En septiembre, el empresario afirmó ante la Justicia que Lula tenía pleno conocimiento de la trama corrupta. Entre otras acusaciones, dijo que el ex jefe de Estado se había reunido en el Palacio de Planalto con su ministro de Economía, Antonio Palocci, y con el entonces presidente de Portugal Telecom, Miguel Horta, para negociar la transferencia en las sombras de 7 millones de reales al PT. El dinero ilícito habría servido para pagar deudas acumuladas por el partido en la campaña de 2002.
Valério –que, según la prensa brasileña, rompió el silencio para lograr una reducción de su pena– aseguró que los fondos llegaron desde un proveedor de Telecom en Macau, China, a través de las cuentas de publicistas del PT. Palocci y Horta desmienten que la reunión en Planalto haya existido.
Cuando el empresario formuló sus denuncias, el caso ya estaba en el Supremo, y el fiscal prefirió excluirlas de la causa. Hasta ahora, Lula no había sido involucrado en la investigación y apenas había declarado como testigo voluntario. Ahora que el proceso en el máximo tribunal concluyó, el fiscal envió las acusaciones a la oficina de Brasilia, y ésta pidió que la Policía inicie “diligencias” para saber si la reunión entre Lula y Horta existió y, en ese caso, en qué fecha exacta tuvo lugar.
Tres elementos facilitarán que la investigación sobre Lula avance. Primero, el ex presidente no tiene fueros. Segundo, la Policía Federal no tiene competencia para rechazar la solicitud de la Fiscalía: deberá hacer las pesquisas y luego determinar si hay elementos o no para acusar al ex mandatario. Tercero, el rol de Portugal Telecom no es nuevo para la Justicia brasileña: los contactos de Valério con dicha empresa fueron usados en el juicio de 2012 como prueba de su influencia en el mensalão.
A partir de las denuncias del empresario, la Fiscalía abrió seis procedimientos criminales, entre ellos, el que se conoce ahora sobre Lula. Según su evolución, pueden derivar o no en indagatorias a los involucrados.
Más allá de la vía judicial, una embarazosa pregunta pesa sobre Lula en Brasil: ¿es posible que, como jefe de Estado, el ex mandatario no tuviera conocimiento de la existencia del
mensalão, en el que incluso estuvo involucrado su jefe de Gabinete y mano derecha? La Justicia deberá probar su inocencia o culpabilidad sobre la base de evidencias materiales, pero su veredicto no necesariamente coincidirá con el de la opinión pública.
Si Lula es inocente, como mínimo habrá pecado de ingenuo.
