Ante el avance de un multimillonario proyecto petrolero de Malvinas, una ofensiva judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el exterior puso bajo la lupa la inacción del gobierno nacional en el ámbito diplomático para frenar el avance de la explotación de los recursos en el archipiélago.
En los últimos días, el gobierno fueguino presentó una denuncia contra la empresa Navitas Petroleum ante el regulador del mercado de valores de Israel, al sostener que "ocultó a sus inversores la ilegalidad del proyecto". La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno de Gustavo Melella para contener el avance del proyecto de la firma israelí en consorcio con la británica Rockhopper, para extraer 1.700 millones de barriles de crudo hacia 2028, previendo multimillonarias regalías que serán volcadas en las arcas isleñas.
Impulsado por capitales israelíes y británicos, el proyecto León Marino (Sea Lion) prevé consolidar la primera explotación de los recursos adyacentes a las islas dentro de la plataforma continental argentina, a través de licencias ilegales concedidas por la administración británica que contradicen la normativa nacional e internacional.
Pero el esquema offshore montado al norte de la isla Soledad no solo se sostiene sino que abrió el juego a nuevos proyectos de explotación, según una iniciativa legislativa impulsada a finales de abril por la legislatura británica isleña para "priorizar la participación local" en la industria hidrocarburífera.
La denuncia de Tierra del Fuego en Israel
En ese contexto, el Gobierno de Tierra del Fuego avanzó con una denuncia formal contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Seguridad de Israel, el organismo estatal que supervisa y regula el mercado de valores en el país hebreo, equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Argentina.
"Desde el Gobierno de Tierra del Fuego presentamos una denuncia formal ante la Autoridad de Valores de Israel contra Navitas Petroleum. Los denunciamos por violar la ley y ocultar a sus inversores la ilegalidad de sus operaciones petroleras en el proyecto Sea Lion", sostuvo el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary.
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La presentación apunta a presuntas violaciones a la legislación de mercado de capitales. Según el texto, la empresa habría brindado información "engañosa o incompleta" respecto del verdadero alcance del riesgo jurídico, diplomático y geopolítico del proyecto, desarrollado sin autorización argentina en un territorio en disputa.
En particular, la provincia advirtió que Navitas habría minimizado ante el mercado la posición del Gobierno argentino, pese a que la Cancillería rechazó formalmente la decisión final de inversión y calificó las actividades como ilegales. La denuncia solicita que la autoridad israelí investigue "si Navitas omitió informar de manera inmediata hechos relevantes para sus inversores", entre ellos el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas y las declaraciones del presidente del 2 de abril de 2026 sobre la adopción de medidas frente a actividades unilaterales en Malvinas.
También recordó que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas constituye un acto ilícito conforme al derecho argentino e internacional. En particular, refiere al proceso de descolonización de Naciones Unidas, y las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen el conflicto de soberanía por lo que Argentina y Reino Unido tienen prohibido hacer modificaciones unilaterales.
El punto de fricción es conocido al igual que la "mancha negra" que le queda a esas firmas por operar en el territorio argentino defendido en instancias multilaterales, en función de la Ley N° 26.659 (sancionada en 2011 y modificada por la 26.915), que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
El silencio de Milei y el avance petrolero de los isleños
Mientras tanto, el avance privado sobre los recursos de Malvinas siguió su curso con el respaldo implícito del Reino Unido, en un contexto de mayor visibilidad internacional del conflicto bilateral. La reciente filtración de un memo del Pentágono, que mencionó a las Malvinas dentro de las "posesiones imperiales europeas", reactivó el debate global sobre el estatus jurídico del archipiélago usurpado en 1833 y expuso las tensiones geopolíticas en torno al Atlántico Sur.
En paralelo, la efusividad de los referentes del Gobierno nacional ante la mínima señal de un eventual "apoyo" de Trump en relación a Malvinas, no se tradujo de la "calle digital" a la práctica, más allá del comunicado de septiembre de 2025 retuiteado recientemente por el canciller Pablo Quirno. Tampoco fue tema de conversación durante el viaje de Milei y su comitiva a Israel.
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Sin embargo, ese ruido no alteró la dinámica en el terreno, donde los proyectos energéticos continúan su curso. Mientras Donald Trump renovaba votos con el jefe de estado británico Carlos III en la Casa Blanca, la administración colonial de las Malvinas continuó con definiciones concretas para estructurar el desarrollo del sector petrolero.
Días antes de la presentación fueguina en Tel Aviv, el 30 de abril la Legislatura local celebró una sesión abierta en la que se abordaron temas vinculados a la industria hidrocarburífera, en particular la prioridad en la contratación de empresas e individuos locales, bajo el concepto de "contenido local".
La moción, identificada como 10/26 y presentada por el legislador Roger Spink, solicita que en un plazo de seis meses el Ejecutivo isleño elabore una propuesta para garantizar la participación de empresas registradas en las islas (con mayoría de accionistas residentes) en el suministro de bienes y servicios para los proyectos offshore.
El planteo, difundido por el medio probritánico Mercopress, incluye la necesidad de definir "qué obligaciones existen o expectativas se pueden esperar" para facilitar el desarrollo de capacidades locales para explotar los recursos naturales adyacentes.
En ese contexto, el margen de acción de Argentina en el plano internacional es acotado y se juega principalmente en el terreno diplomático. "A nivel internacional, no hay acciones de tipo judicial sino política, como elevar una protesta vía diplomática de manera sistemática. La ausencia de protesta puede generar implícitamente un cambio de posición", explicó a PERFIL el especialista en derecho internacional, Juan Rial.
El especialista advirtió que si bien el efecto de la medida diplomática "puede ser escaso" en la práctica, es importante que la posición argentina deje asentado que está en desacuerdo con los sucesos. "En la instancia actual del derecho internacional no existe un ámbito jurisdiccional compulsivo para ir a arbitraje. Para que sea tratado en la Corte Internacional de Justicia, el Reino Unido tiene que aceptar la jurisdicción", agregó.
"Otras herramientas son la sanciones a empresas que participan de los actos licitatorios y presionar a las cancillerías de los estados donde esas empresas tienen actividad. Pero eso es por fuera del derecho internacional, es el ámbito diplomático, que puede ser efectivo si las empresas tienen interés en Argentina y si los estados son socios nuestros".
Cuenca León Marino, un proyecto multimillonario ilegal
El proyecto en la cuenca León Marino —un entramado revelado por PERFIL tras su aprobación en la legislatura británica isleña en agosto de 2025— prevé la extracción de aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo y el inicio de la producción hacia 2028, con un pico estimado en los años siguientes. Volcaría hasta 4.000 millones de dólares en impuestos y regalías a las arcas de la administración isleña durante la vida útil del yacimiento,
En un contexto de incertidumbre global por los coletazos de la guerra en Irán en el mercado energético global, la respuesta argentina ante la explotación hidrocarburífera de Malvinas aparece fragmentada entre niveles de gobierno, con acciones puntuales pero sin una estrategia sostenida frente al avance de un proyecto de escala millonaria en el Atlántico Sur.
