El informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que estableció que los restos hallados pertenecían a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, desató una espiral de sospechas, acusaciones y detenciones que pusieron en evidencia una vez más los vínculos entre el poder político, las fuerzas de seguridad y el narcotráfico en México. Entre los detenidos se encuentran el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado formalmente del "secuestro" de los estudiantes y su esposa, candidata a sucederlo en el cargo, María de los Ángeles Pineda, por supuestos vínculos con Guerreros Unidos.
Hay, por lo menos, 98 detenidos por este caso, incluidos policías, sicarios y políticos. Pineda fue encarcelada "por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (...) y operaciones con recursos de procedencia ilícita" tras haber permanecido dos meses bajo arresto provisional.
En tanto, fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a un presunto sicario del cártel Guerreros Unidos, llamado Felipe Rodríguez, alias "El Cepillo", quien es señalado como uno de los autores materiales de la presumible masacre de los estudiantes.
Hipótesis. Según informa la agencia AFP, la fiscalía había señalado a Pineda, hermana de tres narcotraficantes, como la principal operadora en Iguala del cártel Guerreros Unidos. En tanto, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, de acuerdo a confesiones, había sido sindicado como quien dio la orden de atacar a los estudiantes con el objetivo de evitar que boicotearan un acto electoral de su mujer.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, los policías entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado.
La “pareja imperial”. Con ese apodo era conocido el matrimonio en Iguala por el autoritarismo y ostentación con que ejercía el poder. Tanto Abarca como Pineda huyeron de la ciudad varios días después de las desapariciones, pero fueron detenidos el 4 de noviembre en una casa abandonada en un populoso barrio de la capital del país.
Crisis. La presumible masacre de los jóvenes, que estremeció a la sociedad mexicana, ha provocado la peor crisis del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario mexicano tuvo un respiro, a principio de año, gracias al respaldo del presidente Barack Obama, quien respaldó las medidas adoptadas a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en setiembre.
Los familiares de los 43 desaparecidos llevan una tensa discusión con el gobierno mexicano, que rechazó las acusaciones "sin sustento" de los padres de los estudiantes que pidieron investigar la colaboración del Ejército en el crimen.
"Hay interés de generar desconocimiento o de querer involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala", manifestó el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, al rechazar "categóricamente" esos señalamientos "sin sustento".
