Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, han sido acusados de cometer violaciones graves a los derechos de la población, equiparables con delitos de lesa humanidad, en conjunto con las autoridades de la Policía Nacional y otras entidades estatales.
Dicha conclusión fue realizada por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, el cual está encargado de investigar y recolectar evidencia sobre la situación que se vive actualmente en Nicaragua a partir de las manifestaciones de los ciudadanos de 2018.
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En concreto, según el primer informe presentado por los especialistas, Ortega y Murillo son acusados de haber cometido abusos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, todo delitos encubiertos por un alto nivel de censura donde los nicaragüenses no pueden participar de asuntos públicos, expresarse, reunirse ni ejercer su libertad de religión.
"Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población", sostuvo al respecto Jan Simon, experto independiente y presidente del grupo.
A su vez, a los crímenes mencionados se sumó recientemente la negación del derecho a la nacionalidad y a permanecer en el país, motivo por el que se les ha retirado de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas acusadas de "traición a la patria". De ellas, 222 fueron expulsadas del país.
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"Se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal, con lo que les quita la posibilidad de subsistir", explicó otra integrante del grupo, Angela Buitrago, en diálogo con la agencia EFE.
En esta misma línea, el conjunto de especialistas confirmó que para lograr cometer todos los delitos mencionados de los último cinco años una "variedad de actores e instituciones", incluyendo a la Policía y autoridades nacionales y locales, debieron seguir las órdenes dadas por el mandatario y su vice, las cuales apuntaban contra toda persona que no coincidiera con su postura.
AS./fl
